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La Fiscalía General de la República (FGR) va contra los jueces que otorgaron suspensiones y amparos contra la reforma judicial.
Tras ser denunciados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por presunta invasión de competencias, la FGR tiene en la mira al juez Primero Distrito en el Estado de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, y a la jueza Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, María Gabriela Ruiz Márquez, a quienes se les abrió carpetas de investigación por el delito contra la administración de la justicia, que prevé 37 conductas penales.
En la conferencia matutina de los jueces, Santamaría Chamú, quien ordenó suspender la elección judicial, reveló que ayer fue notificado por la Fiscalía General de la República de una investigación en su contra, en la que se está requiriendo información del juicio de amparo, concretamente copias certificadas tanto del cuaderno principal del amparo como del incidental.
“Este requerimiento indica y se precisa de la existencia de una carpeta de investigación cuyo número aquí tengo y viene a constituir ya la ejecución de esa orden y que desde luego habremos de controvertir debidamente en su momento ante quien corresponda, ante la autoridad ministerial”, indicó.
Ante la denuncia, el juzgador anunció que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para efecto de preservar su integridad y la independencia de la judicatura en general.
"Estamos en un Estado de derecho totalmente desconocido"
En tanto, la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, quien concedió un amparo que anula el proceso legislativo de aprobación de la reforma judicial, afirmó que también fue notificada de una carpeta de investigación en su contra, lo que consideró como actos “tendientes a amedrentarnos, a influir en mi psique de cómo resolver, para intimidarnos”.
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“Este tipo de situaciones sí me incomodan, sí me altera porque me genera la impotencia de saber que estamos en un Estado de derecho totalmente desconocido, donde en lugar de controvertir mi decisión y esperar la decisión terminal del órgano que tenga que resolver, utilizan este tipo de mecanismos donde eventualmente, por mi formación, sé que seré imputada por la comisión de un delito contra la administración de justicia, que prevé 37 conductas y no sé en cuáles se pretende encuadrar”, lamentó.
kicp/apr
