FGR rechaza jurisprudencia del Poder Judicial que pone en riesgo a víctimas de delitos graves

La Fiscalía General de la República (FGR) expresó de forma contundente su rechazo a la jurisprudencia recién aprobada por el Pleno Regional en Materia Penal y de Trabajo del Poder Judicial de la Federación en la Región Centro-Norte del país, que establece que basta una demanda de amparo, para que se ordene suspender el cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos graves.

Dicha jurisprudencia se aplicará en los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, en delitos como homicidio, feminicidio, violación, secuestro, delincuencia organizada; los cometidos contra menores y los sexuales, entre otros más.

Para la FGR esta resolución judicial, pone en peligro inmediato a las víctimas de los delitos mencionados y a los ofendidos.

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Además, advirtió que sus testigos, quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales Derechos Humanos.

"La impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión, pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha ocurrido constantemente, en muchos casos", señaló en una tarjeta informativa.

En razón de lo anterior, la FGR anunció, que junto con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que agrupa a las fiscalías y procuradurías estatales, solicitó formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se pronuncie "claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos, en acatamiento a lo señalado en el artículo 19 de la propia Constitución, que es prioritaria y soberana sobre cualquier resolución de tribunales internacionales, y que solo podrá ser modificada, si así lo aprueba el Poder Legislativo de la Nación Mexicana".

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