La Fiscalía General de la República () solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación () que atraiga la queja que interpuso ante un Tribunal Colegiado contra la resolución de un juez en materia Administrativa que le ordenó no vulnerar la independencia judicial, el honor y la reputación del juez de control Gregorio Salazar Hernández, recordado por liberar al líder del , José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”.

“Solicita que este alto tribunal ejerza la facultad de atracción para conocer del recurso de queja 35/2025 (no fallado) del índice del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito interpuesto en contra del acuerdo de 22/01/2025 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto 2083/2024”, señala el acuerdo publicado este jueves en los estrados de la Corte.

En consecuencia, se admitió a trámite el recurso y la presidenta de la Corte, lo turnó a la Segunda Sala la cual deberá determinar si ejerce o no su facultad de atracción para conocer del asunto.

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“Se admite a trámite, con el objeto de que el órgano colegiado competente de este Alto Tribunal determine lo conducente, la presente solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, por lo que para los efectos de la fracción I del artículo 40 de la Ley de Amparo, deberá remitirse a la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación

En diciembre del año pasado, la abrió carpeta de investigación contra el juez Gregorio Salazar Hernández, por delitos contra la impartición de justicia, relacionados con la liberación del sobrino del capo , quien se amparó porque consideró que durante la conferencia de prensa de Palacio Nacional se le exhibió, y lo informado por la FGR sobre el caso no estaba basado en información cierta y veraz.

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Por ello, el juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa ordenó el titular de la FGR, , eliminar de su la plataforma digital ‘X’ (antes Twitter) y de su página oficial de internet la versión pública de lo dicho contra el juez como medida provisional para restaurar cautelarmente la independencia judicial.

Además, le ordenó abstenerse de prejuzgar materialmente y en consecuencia, realizar presiones indebidas de carácter mediático sobre los casos respectivos del juzgador que estén en trámite.

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