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La Fiscalía General de la República (FGR), informó que va a impugnar el cambio de medida cautelar que dictó el juez Enrique Beltrán Santes a Víctor Manuel Garcés Rojo, exdirector jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, quien se encuentra vinculado a proceso por hechos específicos relacionados con el desfalco de recursos en agravio de la Cooperativa.
Del mismo modo dio a conocer que inició una carpeta de investigación en contra del juez de Distrito, quien cambio la medida cautelar.
“Dicho cambio de medida cautelar será impugnado… Se sustenta en valoraciones enteramente subjetivas del juzgador, que no atienden la relevancia de las conductas delictivas atribuidas al imputado, y sus argumentaciones claramente se advierte que versan sobre aspectos que desde cualquier punto de vista pueden ser consideradas como insubstanciales para ese tipo de decisión.
“Esa determinación judicial resulta contraria a la ley y es absurda por completo. En efecto, el imputado está vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita“, detalló la FGR en un comunicado.
En primera instancia, señaló que el juez Beltran Santes cambió la medida cautelar de prisión preventiva justificada alegando que el acusado tiene afecciones de salud, a lo que a Fiscalía reviró que “no es cierto”, pues en ningún momento la defensa aportó alguna prueba, examen o dictamen medico que avalara el deterioro de salud del imputado.
¿Existe riesgo de fuga del exdirector de la cooperativa Cruz Azul?
Otro de los argumentos para el cambio de medida por parte del juez fue que, “se aclaro quién es el dueño de cada domicilio al cual tiene acceso el justiciable". La FGR reiteró que el problema era que el exdirectivo tiene acceso a otros domicilios -de sus hijas y exesposa-, lo que aumenta la posibilidad de un riesgo de fuga.
“El hecho de que al tener acceso a los domicilios que son de sus hijas y de su exesposa se potencializa el riesgo de sustracción del imputado por la accesibilidad que representa precisamente la existencia de esos domicilios", expresa el escrito.
Otro de los argumentos fue que la Fiscalía no informó sobre el bloqueo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los recursos de Garcés Rojo.
La FGR señaló que sí se aviso en la audiencia del año pasado, incluso de la existencia de los recursos de una cuenta de más de 138 millones de pesos.
El juez manifestó que no había certeza de que el dinero estuviera en poder del acusado, a lo que la dependencia explicó que para la cancelación de dicha cuenta el imputado tuvo que haber retirado el efectivo por lo que había una certeza de que el exdirectivo contaba con el dinero.
“No es cierto lo señalado por el juez, ya que sí se tiene la certeza de que los recursos forman parte de las arcas del justiciable, pues la Fiscalía argumentó que dichos recursos han sido retirados de la cuenta en efectivo y la defensa hasta el momento no ha acreditado lo contrario”, detalló.
Finalmente la FGR manifestó que el juez no hizo ningún pronunciamiento relacionado con la existencia de otro procedimiento en trámite en contra del justiciable, ni lo relativo a las amenazas de testigos.
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