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La Fiscalía General de la República (FGR) falló en su intento de obtener vinculaciones a proceso contra el abogado de Florian Tudor , líder de la mafia rumana, y un ministerio público al que acusó de intentar impedir la captura del extranjero.
Los jueces de control Ganther Alejandro Villar Ceballos y Felipe de Jesús Delgadillo Padierna , del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur , determinaron que la FGR no acreditó las imputaciones que realizó contra el ministerio público y el abogado.
El pasado 27 de mayo la FGR informó sobre la ejecución de una orden de detención provisional con fines de extradición en contra de Tudor, quien es requerido por Rumania por tentativa de homicidio agravado, extorsión y delincuencia organizada, en las instalaciones del edificio sede de la Fiscalía.
En el comunicado difundido por la institución indicó que un agente del ministerio público intentó impedir la captura y que el abogado de Tudor agredió a golpes a los policías federales ministeriales que realizaban la diligencia, razón por la que ambos fueron sometidos y detenidos.
“En la diligencia de aprehensión, un Agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizarla y el abogado de Florián “T” agredió a golpes a los Agentes de la Policía Federal Ministerial; ambos individuos también fueron sometidos y detenidos, para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, por los delitos que correspondan”, señaló la Fiscalía.
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Fuentes federales confirmaron que los policías demoraron en poner a disposición al abogado y durante la audiencia, encabezada por el juez Villar Ceballos se determinó que no intervino para evitar la captura de Tudor.
La diligencia en la que Tudor es detenido fue difundida en redes sociales a través de un video en el que se le observa gritando, resistiéndose y forcejeando con los policías.
De los videos no se observó que el abogado interviniera, sino que, por el contrario, permite la diligencia de aprehensión.
El ministerio público fue trasladado a las oficinas de Asuntos Internos de la FGR donde se determinó judicializar para imputarlo por resistencia de particulares y abuso de autoridad.
Ante el juez Delgadillo Padierna, los fiscales argumentaron que el servidor público les indicó a los elementos de la Interpol que se estaba realizando una diligencia que él encabezaba y que no se podían llevar a Tudor en ese momento.
Durante la audiencia, la FGR rechazó exhibir los videos de las cámaras de seguridad, pero la defensa ofreció una inspección de los mismos.
En la descripción de los videos se dijo que las cámaras captaron una discusión entre el ministerio público y los policías pero que después el agente tomó sus cosas y se retiró a su oficina a donde acudieron los elementos de la PFM a detenerlo bajo el argumento de que utilizó la fuerza pública para evitar la captura de Tudor a pesar de que los elementos de Interpol no están bajo su mando.
Por ello, el juez decidió no vincular a proceso al funcionario público y advirtió que la Fiscalía judicializó el asunto por su impacto mediático y no por su trascendencia jurídica.
En consecuencia, ambos fueron puestos en libertad ante la imposibilidad de la FGR de acreditar los supuestos delitos cometidos por el ministerio público y el abogado de Tudor.
