La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que un tribunal colegiado negó un amparo a Edgar Torres Garrido, exdirector general de en el sexenio pasado, y confirmó su destitución, inhabilitación del servicio público por 15 años y una multa resarcitoria por 619 millones de pesos por la compra de la planta chatarra de

En un comunicado, la dependencia federal recordó que en mayo de 2019 , la Función Pública resolvió sancionar al exdirectivo de Pemex Fertilizantes debido a que en un procedimiento de responsabilidades se determinó que se pagaron de manera irregular dividendos a los accionistas del grupo Fertinal, lo que ocasionó un daño al erario por más de 619 millones de pesos.

“Esa acción fue sancionada con una multa resarcitoria por el mismo monto del perjuicio patrimonial al Estado, la destitución del funcionario y su inhabilitación por 15 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, las cuales fueron refrendadas por el tribunal colegiado".

La Función Pública señaló que la sentencia notificada ayer martes confirma que la SFP se ha conducido en estricto apego a sus atribuciones y facultades “de manera rigurosa, imparcial y objetiva”.

“Ya que ante juicio de amparo promovido por el exservidor público, el tribunal resolvió no otorgar la medida ni proteger a la persona referida, por lo que las sanciones impuestas subsisten”, señaló.

La Función Pública recordó que esta confirmación se suma a otras que ha venido obteniendo la SFP, puesto que en octubre pasado la Sala Superior del Tribunal Superior de Justicia Administrativa reconoció la validez de las sanciones.

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“Aunado a ello, por el caso Fertinal, la Secretaría de la Función Pública también impuso sanciones de inhabilitación y multa resarcitoria por 3 mil 225 millones de pesos al exdirector general de Pemex Fertilizantes”.

La dependencia federal aseguró que continuará la defensa de las resoluciones administrativas a través de todos los mecanismos jurídicos necesarios.

“La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros ha instruido una estricta defensa de las sanciones administrativas para no permitir la impunidad, ante la exigencia social de erradicar el abuso en el ejercicio de los recursos públicos”, agregó.

kl

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