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Familiares de la abogada y activista Cecilia Monzón denunciaron que a un año de su feminicidio los asesinos materiales e intelectuales continúan en libertad a consecuencia del estancamiento del caso en la Fiscalía del Estado de Puebla.
“No ha habido justicia y el proceso para condenar a los asesinos materiales e intelectuales se ha estancado. No avanza por el uso de los artilugios legales de la defensa de los asesinos y por la falta de interés o desidia de algunas áreas de la Fiscalía General del Estado de Puebla”, informaron a través de un comunicado.
Cecilia Monzón, reconocida por su labor de activismo en temas de género y defensoría de los derechos humanos, fue asesinada en San Pedro Cholula el 21 de mayo de 2022 cuando hombres armados le dispararon en seis ocasiones.
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Los peritajes de la Fiscalía local arrojaron que Jair Mauricio Domínguez Rodríguez y Silvestre Ramírez Vargas quienes habían estado vigilando a Cecilia Monzón desde días atrás perpetraron el atentado.
De acuerdo con la indagatoria, el autor intelectual del crimen fue Javier López Zavala, expareja de la abogada y exdiputado local, diputado federal, secretario de Gobernación y secretario de Desarrollo de Puebla durante el gobierno de Mario Marín Torres y candidato a gobernador del Estado de Puebla en 2010.
Fue López Zavala quien entregó a su sobrino Jair la motocicleta y el arma homicida.
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Posterior a la ejecución y tras abandonar el vehículo donde ejecutaron el homicidio huyeron a bordo de una camioneta propiedad de Santiago Bárcena, exfuncionario de la secretaria de Relaciones Exteriores en Puebla.
Después de que la orden de aprehensión fue girada, se vinculó a proceso a los cuatro involucrados en el feminicidio.
Sin embargo, el 29 de agosto de 2022, Santiago Bárcena obtuvo un amparo en contra de la vinculación a proceso por el feminicidio de Cecilia Monzón ya que la Autoridad Federal consideró que la Fiscalía no aportó suficientes pruebas para acreditar su complicidad.
Por otro lado, la defensa de Javier López Zavala ha solicitado al Juez de Control decretar el sobreseimiento de la causa acusando deficiencias de la investigación y acusación realizadas por parte de la Fiscalía del Estado por lo que se ha retrasado aún más el proceso.
“La Físcalía (de Puebla) se toma con tibieza las cuestiones más delicadas de la causa, llegando el momento de que la familia se pregunte si estamos ante una simple desorganización en una de las causas más importantes o es que se enfrenta a influencias o pactos políticos”, considera la familia Monzón Pérez.
Por lo que urgen al Estado mexicano impartir justicia por el caso para no fomentar la reproducción de la violencia y los asesinatos sin castigo; la impunidad; la violencia de género y que este no sea un caso más que no consiga una sentencia por fallas de un órgano acusador ineficiente.
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