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Familiares de Jonathan Antonio Palma Acosta, empresario asesinado en septiembre de 2021 en Tijuana, Baja California, solicitaron audiencia a las autoridades del gabinete de seguridad federal para denunciar presuntas irregularidades en el caso, que está por cumplir cuatro años.
Hace dos semanas, en el marco del arranque de los Diálogos Nacionales sobre la Reforma al Poder Judicial de la Federación, familiares y amigos del empresario se manifestaron frente a la Cámara de Diputados para hacer visible su situación ante las autoridades.
Al preguntarle sobre el caso y la liberación de una de las personas implicadas en el asesinato, así como la falta de justicia y la manifestación que estaban convocando, el pasado 26 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que “ vamos a recibir, los recibe Rosa Icela la semana próxima, que vengan” refiriéndose a los familiares.
Sin embargo, a la fecha, ninguna autoridad ha recibido a la mamá de Jonathan Antonio Palma Acosta o a su abogado para poder exponer su caso, las presuntas irregularidades en su proceso y el abuso por parte de las autoridades penitenciarias, así como la lenta impartición de justicia, a pesar de las pruebas periciales contra los acusados, señalaron familiares mediante un comunicado.
Señalaron que el caso continúa sin resolución condenatoria contra los probables responsables; dos de ellos se encuentran presos y una tercera persona, Gisela Aideé Cervantes Castro, quien era la novia del empresario, se encuentra prófuga de la justicia.
Indicaron que en redes sociales existe una búsqueda para dar con el paradero de la mujer, por la que se ofrece una recompensa por información que conduzca a su paradero.
Agregaron que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Alejandro Isaac Fragoso López, mencionó que respecto a la novia de Jonathan, sospechosa del asesinato y puesta en libertad sin mediación o alguna orden de un juez “hay un oficio posterior donde se deja muy en claro que debe de permanecer ahí, es una situación que es ajena al tribunal nuestro. Nosotros tenemos claros que no somos responsables, no me atrevería a decir que institución es, peros sí, definitivamente nosotros cumplimos, de hecho hay un oficio de fechas recientes, de hace 15 o 20 días, donde un juez diverso, establece que no ha variado la medida cautelar”.
Ante este caso que ha salido a la luz pública sobre las irregularidades en los procesos penales, se pone en tela de juicio cuántos casos más hay como este, y si estos vicios de origen serán subsanados con la nueva Reforma al Poder Judicial, indicaron los familiares.
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Acusaron que el 29 de mayo pasado, el director en ese entonces de la penitenciaría la Mesa en Tijuana, Luis Manuel López Carrillo, así como uno de los subdirector del CERESO, permitieron la liberación de Gisela Cervantes, quien se encontraba bajo proceso, señalada y acusada por el delito de homicidio, junto con ella también están bajo investigación su hermano, así como su cuñada, los dos últimos siguen presos.
La propia fiscal del estado, mencionó que a ellos nunca les notificaron la liberación, así como tampoco al Tribunal Superior de Justicia del Estado, por lo que los dos ex funcionarios del penal, están siendo investigados tanto por la Fiscalía, como por la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Baja California, sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de los dos involucrados.
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