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Familiares de personas desaparecidas
se manifestaron el día de hoy a las afueras de la Secretaría de Gobernación (Segob) con un féretro en el que, según los inconformes, descansaban los restos de un hombre llamado Javier, quien fue encontrado en una fosa clandestina en julio del 2019 en el estado de Guerrero.
Los manifestantes criticaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no entregó recursos para pagar los servicios funerarios del difunto, por lo que a manera de protesta llevaron el cuerpo de Javier hasta el exterior del edificio desde el que despacha la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
“Venimos a traer el cuerpo para que vean que no estamos aquí por gusto ni porque queremos un pago de compensación, estamos por un interés generalizado de las miles de víctimas del país”, señaló en entrevista Margarita López una de las madres de víctimas que estuvo presente en la manifestación de hoy.
De igual forma, Margarita advirtió que si la CEAV no entrega recursos a otras familias para pagar los servicios funerarios de sus seres queridos, llevarán cinco féretros más cada miércoles de este mes y en las primeras dos semanas de marzo.
Los cuerpos que podrían ser llevados a la Segob, según la entrevistada, corresponden a personas que fueron encontradas en la misma fosa clandestina del municipio de Leonardo Bravo donde estaba Javier en 2019, y que aunque ya pasaron dos años de ese hallazgo la Fiscalía General de la República (FGR) apenas está devolviendo los restos.
Margarita López, quien busca a su hija desaparecida Yahaira Bahena desde el 2011, señaló que las autoridades federales ya habían sido advertidas de la realización de esta protesta y, a pesar de eso, no recibieron los recursos para los servicios funerarios.
Dicha compensación económica, según la Ley General de Víctimas, es un derecho para aquellas personas a las que se ha vulnerado sus derechos de manera directa o indirecta.
“Es un derecho que por ley nos corresponde y queremos visibilizar ante el mundo entero lo que está pasando, nos están violentando los derechos humanos, ya no sólo de las personas que están fallecidas, sino de los familiares de víctimas a quienes revictimizan y no tienen derecho para comer ni mucho menos para pagar gastos funerarios”, señaló Margarita.
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