En esta administración se ha logrado disminuir el índice de homicidios dolosos en el país en 26%, pero la extorsión no ha podido contenerse y cada 24 horas, en promedio, 32 personas son extorsionadas y este delito documenta un aumento de 238 víctimas, pues en los primeros cinco meses de este año se registraron 4 mil 882 y en el mismo periodo de 2024 fueron 4 mil 644.
El martes pasado, en el Informe del Gabinete de Seguridad se informó que en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hay una disminución de casi 26% en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que representa 22 casos menos al día que en septiembre del año pasado.
Sin embargo, de enero a mayo de 2025 las entidades que documentan el mayor número de extorsiones son Estado de México, con mil 248; Guanajuato, 675; Ciudad de México, 511; Nuevo León, 412, y Veracruz, 374.
Durante los primeros cinco meses de 2024 los estados que ocuparon los primeros lugares en extorsión fueron Estado de México, con mil 572; Guanajuato, 467; Veracruz, 388; Nuevo León, 384, y Ciudad de México, 234, de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Especialistas en seguridad consideran que hay un subregistro, debido a que las víctimas no denuncian por temor a alguna represalia.
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, destaca que la extorsión en México ha crecido principalmente por la falta de acciones estratégicas y de resultados en su combate.
Detalla que es un delito fácil de cometer, sobre todo la extorsión telefónica y cibernética, ya que el riesgo para quien lo comete es muy bajo y la posibilidad de ingresos puede ser muy alta.
“Hay un sinfín de casos, incluso de personas académicamente preparadas o que se dedican a temas legales y económicos donde han caído víctimas de engaño porque también se han sofisticado los sistemas para el engaño; entonces, el motivo por el cual crece es porque es un negocio extremadamente rentable, y si hablamos de extorsión presencial es todavía más redituable, porque los ingresos son enormes y el combate es incipiente”, precisa Rivas.
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Indica que en México el número de extorsiones que se cometen en realidad es mucho más elevado de las que se reportan oficialmente y la cifra negra supera 99%.
“Cuando volteamos a ver la capacidad de combatirlo y las sanciones, llegamos prácticamente al 100%, es decir, sólo el .02% de los casos las víctimas ven algún tipo de reparación del daño”, precisa.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) añade que el caso de los registros de extorsión en la Ciudad de México está relacionado principalmente con que es una de las entidades capaces de registrar este delito, pues hay estados, como Guerrero, que reportan muy bajos números y es probablemente la entidad que sufre el mayor problema de extorsión a transportistas y vendedores, es decir, desde abarroteros, en los mercados, hasta productores y distribuidores.
“Realmente es una entidad en donde la extorsión está extremadamente distribuida en su territorio y en el tipo de actividades comerciales… Cuando hablamos de que la Ciudad de México se posiciona en tercer o cuarto lugar en parte es porque no se reportan adecuadamente las tasas de extorsión a lo largo del país y las autoridades lo que hacen es alegar que no tienen denuncias.
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“Efectivamente, en algunos casos no tienen denuncias y algunas entidades han hecho reformas para atender este fenómeno sin necesidad de la denuncia ciudadana, es decir, sólo con saber de la información de delito se activan, pero éstas son pocas entidades, como Guanajuato, Baja California Sur o Coahuila”, refiere.
Rivas comenta que si la Ciudad de México ocupa el tercer lugar es porque hay un problema de extorsión, pero también porque registra mejor este delito que otras entidades.
Armando Rodríguez Luna, especialista en seguridad e inteligencia, señala que existe una alta cifra negra debido al miedo a denunciar y a la participación de autoridades locales en el delito. Además, las células criminales ven ahí un ingreso adicional al tráfico de drogas, de armas o huachicol.
Sostiene que entre la extorsión se encuentra el cobro de piso a mayor escala, como en Michoacán, contra los aguacateros y limoneros. “Es una actividad criminal que se ha extendido. Participan autoridades locales, la gente no denuncia, la actividad delictiva se mueve muy fácil de un territorio a otro y de un sector económico a otro”.
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El integrante del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede) subraya que esta actividad tiene un impacto muy alto en la economía y en la vida diaria de las personas.
“Por ejemplo, las extorsiones a operadores de transporte de carga, empresas extractivas, pequeños negocios como tiendas de conveniencia, tortillerías, mercados fijos e incluso puestos en mercados sobre ruedas ponen en riesgo la vida de personas… En suma, es la actividad más predatoria socialmente”, precisa.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), expresa que las extorsiones que son denunciadas normalmente tienen algún tipo de seguro o afectación al patrimonio que requiere una denuncia de corte ministerial.
Enfatiza que este delito es de muy bajo costo para los criminales, en términos de castigo y operación, por lo que fue una alternativa muy fácil en la cual se diversificaron muchos grupos, sobre todo en el ámbito local y aquellos que operan en centros penales estatales y federales.
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El académico dice que la extorsión por cobro de piso ocurre en algunos estados de la República, pero la telefónica se presenta en todo el país. “El nivel de impunidad en la extorsión es muy alto. La tasa de castigo es muy baja por los delitos cometidos”, afirma.
Daniel Vásquez, investigador en ciencias policiales, explica que debido al combate a la delincuencia organizada por parte del gobierno federal los criminales se encuentran presionados y optan por dedicarse a la extorsión y “múltiples conductas antijurídicas”.
Detalla que las cuotas de cobro de piso oscilan desde 200 pesos a la semana en un negocio pequeño o 30 pesos diarios a un puesto ambulante. En el caso de comercios establecidos, por ejemplo, que tienen camiones y tractocamiones, los delincuentes llegan a pedir por cada acto 150 mil pesos. “Por ejemplo, los criminales ofrecen que el camión no va a ser robado a cambio de 50 mil pesos… Estamos hablando de un tráiler que trae dos millones de pesos en mercancía. Precisamente como eso lo contabilizan los delincuentes, exigen este tipo de cuotas”, externa el investigador.
El abogado Joan Ochoa Sada refiere que las estadísticas del gobierno federal son muy bajas y agrega que tan solo en este año en Irapuato, Guanajuato, se elevaron aproximadamente 2,000% el cobro de piso y las extorsiones telefónicas.
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Indica que hay tipos de delitos que empiezan como extorsión y pueden terminar en secuestro.
“La extorsión es una amenaza sicológica, juegan con la mente, pero cuando se materializa se puede convertir en secuestro; por ejemplo, cuando la persona se negó a pagar el cobro de piso y el delincuente opta por privarlo de la libertad”.
El litigante abunda que se requiere una reacción inmediata y no sólo la prevención del delito; también equipos especializados para atenderlo, pues generalmente las policías municipales no cuentan con ello. “No hay un departamento para atenderlo”, asevera.