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La Comisión Permanente del Congreso aprobó por unanimidad un exhorto al Congreso, al gobierno y a los ayuntamientos de Baja California para dejar sin efecto las reformas a la Constitución del estado que amplían de dos a cinco años el periodo de mandato.
Así también les piden realizar las acciones correspondientes para garantizar el orden constitucional y el respeto al pacto federal.
El pronunciamiento de la Comisión Permanente señala que existen diversas posiciones coincidentes que señalan que esta reforma es “violatoria” de los principios constitucionales de certeza jurídica, definitividad de los actos electorales, así como de contravenir el pacto federal.
La diputada priista Dulce María Sauri calificó de grave lo ocurrido, porque dijo que las pasiones y compromisos políticos “desataron demonios” que se creían superados, sobre todo cuando el nuevo gobernador decidió ampliar su mandato por cinco años.
“¿Quién le habrá dicho al senador Bonilla o al propio Presidente de la República que esta situación podría pasar? Habrá quien se crea que el propio Bonilla se fue por la libre o que se tratará de una estrategia nacional, pues en esta crisis la Secretaría de Gobernación ha estado ausente, ni siquiera porque la relación con los estados es una de las facultades que le quedó”, externó.
La senadora Nancy de la Sierra (PT) dijo que la voluntad de los ciudadanos expresada a través del voto en las urnas es la columna vertebral de toda democracia, por lo que la reforma aprobada es un “atentado” contra la voluntad ciudadana, pues el nuevo gobernador, Jaime Bonilla, fue elegido por un periodo de dos años.
La diputada Lorena Villavicencio (Morena) dijo que desde Morena no están de acuerdo con lo que ocurrió en el Congreso de Baja California, por ser un “atentado” a las instituciones democráticas, por lo que solicitan al gobernador Francisco Vega que tome las medidas necesarias para evitar que sea publicada la ley correspondiente.
“Estoy de acuerdo en que se hagan las investigaciones correspondientes para que se sancione a los diputados que cometieron este atropello a la Constitución y a las instituciones democráticas, y que se hagan responsables de sus actos”, agregó.
El senador Damián Zepeda (PAN) coincidió en que el gobernador panista Francisco Vega no debe publicar la reforma. “En este momento estamos juntos rechazando lo ocurrido en Baja California. Queremos que se evite en otro estado. Hay que evitar que suceda, tumbar el acto, sancionar a los responsables, y evitar estos antecedentes”.
La diputada Verónica Juárez (PRD) señaló: “Estamos listos los partidos para presentar lo que la ley nos permite, que es una acción de inconstitucionalidad, amparos colectivos y el juicio político”.
