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Además de los intentos por modificar la medida de prisión preventiva justificada que la tiene recluida en Santa Martha Acatitla, la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, mantiene abierto un litigio con el que busca que el proceso penal en su contra se cancele.
Se trata de un amparo en el que la exfuncionaria alegó que el delito de ejercicio indebido del servicio público, por el cual está vinculada a proceso, ya no estaba vigente cuando la Fiscalía General de la República (FGR) formuló su imputación.
El argumento, Robles Berlanga lo manifestó desde el 26 de octubre de 2020 en audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la que solicitó al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos cancelar su proceso.
Para ello, señaló que esta conducta por omisión implica un incumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que en caso de acreditarse su responsabilidad se le debe sancionar por la vía administrativa y no por la penal.
El juez de Control Villar Ceballos le negó la petición, razón por la que Robles Berlanga tramitó la protección de la justicia ante el juez Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México.
El juez le negó el amparo porque Villar Ceballos ni siquiera se pronunció sobre la vigencia del delito, pues explicó que la defensa debió exponer este argumento desde antes de la vinculación a proceso.
Por ello, Robles Berlanga tramitó un recurso de revisión ante el Noveno Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México que está pendiente de resolución.
El defensor Epigmenio Mendieta explicó que el proceso penal contra Robles no puede avanzar hasta que se resuelva ese amparo, pues de concederse la protección, la acusación de la FGR puede quedar cancelada.
En febrero pasado, la FGR presentó su acusación contra la exfuncionaria, a quien señaló por no informar a su superior jerárquico ni hacer nada para evitar los desvíos de sus subordinados por más de 5 mil millones de pesos.
En audiencia intermedia la FGR solicitó imponer 21 años de prisión y el pago de la reparación del daño por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos, monto total calculado por la Estafa maestra.
La semana pasada, en cumplimiento a un amparo, el juez realizó una audiencia en la que revisó la medida cautelar impuesta a Robles, quien propuso enviarla a prisión domiciliaria.
