El gobierno federal requiere ser más proactivo en prevenir e identificar las redes de corrupción en el robo de combustible, además de que no ha abordado el problema de las empresas fachada que participan en el proceso de salida del hidrocarburo hurtado hacia Estados Unidos, consideran especialistas en seguridad.
Detallan que pueden ser empresas mexicanas o estadounidenses las que sacan el combustible robado de México para internarlo a Estados Unidos, donde es refinado por empresas para después ingresar nuevamente de forma ilegal a territorio nacional, sin pagar impuestos.
Armando Rodríguez, consultor independiente sobre riesgos políticos, sociales y de seguridad, explica a EL UNIVERSAL que tampoco se ha logrado investigar en México de manera fehaciente el traslado del dinero: “Es decir, hay ganancias y una serie de operaciones logísticas y de cadena de valor que requieren movilizar activos financieros…
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“La Unidad de Inteligencia Financiera, que ha estado nulificada en este tema, como la nueva dirección de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre temas de lavado de dinero, tendrían que centrarse en investigar los flujos de recursos para detectar además de las empresas, cuáles son los frentes financieros, instituciones bancarias y demás que están utilizando esas compañías para realizar sus actividades”, subraya.
El especialista expone que las autoridades no están enfocándose en los funcionarios públicos de Pemex y tampoco en aquellos servidores públicos que permiten que existan bodegas y tránsito de este tipo de transportes para llevar el combustible a través del territorio nacional hacia la frontera.
También implica la participación de funcionarios en materia de seguridad municipal, principalmente de alcaldes o servidores de gobierno a nivel menor que saben dónde están las bodegas y los lugares en donde se realiza el proceso de carga y descarga del combustible ilegal.
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Rodríguez asevera que se ha señalado que los flujos de dinero provenientes de las ganancias de este tipo de robo y de la internación ilegal de combustible al país, sin pagar impuestos, —huachicol fiscal— son utilizados y reciclados en campañas políticas, tanto municipales y estatales como federales.
“Entonces, esa es una línea de investigación todavía más importante porque es donde se van las principales ganancias y es ahí donde se toman las decisiones para que se deje actuar y operar a estos funcionarios, todo esto es verlo desde una perspectiva integral.
“Evidentemente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad en este gobierno ha tenido las capacidades y las herramientas para hacerlo con el nuevo sistema de inteligencia y el papel de la Guardia Nacional, con el marco legal”, argumenta.
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Carlos Hernández, director de la firma Nzaya, que elabora iniciativas sobre anticorrupción, cibercrimen y prevención de delitos financieros, opina que posiblemente en cuanto a las empresas fachada y fantasma se registra un aumento en la fiscalización. “Las fachada son de naturaleza legítima, tienen actividad real, pero se usan como una forma de engaño hacia la autoridad y las fantasmas son aquellas que nacen jurídicamente, pero no tienen una actividad real comercial. Parte de las nuevas reformas a la ley antilavado deberá dar mejores resultados para detectarlo. En el caso de las aduanas, es un área siempre de oportunidad en cuanto al tema de corrupción... El hecho de que estén bajo el control de las Fuerzas Armadas, particularmente la Secretaría de Marina, no es una garantía de que no existe corrupción”, indica.
Agrega que las aduanas son un espacio al que llega y sale mucha mercancía; en ocasiones no se cuenta con las herramientas adecuadas para hacer análisis de riesgo.
El especialista comenta que se requiere un combate más integral; “poco a poco se está logrando cubrir todas esas áreas grises, también hay que entender que no podría hacerse en un solo momento”.