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Expertos y organizaciones civiles especializadas en materia educativa no descartan la vía del amparo y otros mecanismos legales para revertir las modificaciones a las normas secundarias de la Ley General de Educación avaladas por los legisladores de Morena, pues denuncian que algunas de estas medidas son inconstitucionales.
Integrantes de la Red Educación Derechos bautizaron a las normas como #LeyCNTE y aseguraron que fortalecen a los líderes sindicales por encima de los intereses de los maestros, mientras que Mexicanos Primero consideró que las leyes le entregan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al que pertenece la Coordinadora (CNTE), la rectoría de la educación en el país.
EL UNIVERSAL solicitó a expertos en materia educativa su opinión sobre las implicaciones que tendría la aprobación definitiva de los cambios propuestos por los legisladores, así como las medidas que tomarían en caso de hacerlas un hecho.
La directora general de la asociación Mexicanos Primero, Jennifer L. O’Donoghue, aseguró que la organización ha observado seis elementos —de este paquete de leyes— que son inconstitucionales.
Denunció que “hay una serie de violaciones relacionadas a los procesos de adhesión y promoción docente del sistema de carrera magisterial, donde se viola el principio de igualdad. El marco normativo debe dar certidumbre de lo que va a pasar en materia educativa”.
“Quiero enfatizar que [las modificaciones] aún no son ley, estamos buscando dialogar con los senadores para que escuchen nuestras preocupaciones, trabajamos en esta línea, pero al mismo tiempo sí estamos explorando la idea de ampararnos, somos de las pocas organizaciones que estamos reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entablar una controversia inconstitucional, porque tenemos un interés legítimo para presentar un amparo contra estas leyes”, manifestó L. O’Donoghue.
Mexicanos Primero buscaría alianzas con otros actores para iniciar una controversia legal y que se puedan revertir las modificaciones, como las autoridades estatales, la propia Cámara de Diputados y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por otra parte, Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), enfatizó que la asociación busca realizar un magno evento, en octubre próximo, para hacer una alianza nacional entre padres de familia, maestros y dueños de escuelas de todo el país para buscar revertir las leyes secundarias.
Sobre la posibilidad de que la UNPF se ampare contra las modificaciones, dijo que “los amparos no tienen plazo, porque no sabemos cuándo se van a aprobar y cuando se van a publicar las leyes, sabemos que sólo una organización quiere meter el amparo al proceso legislativo. El resto de las organizaciones lo harán una vez que se aprueben y se vean afectadas”, aseguró García Camarena.
La Red Educación Derechos consideró que las leyes aprobadas la noche del jueves en la Cámara de Diputados van contra el artículo tercero de la Constitución, puesto que empoderan a los líderes magisteriales y ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.
“La injerencia sindical en comisiones tripartitas relacionadas con el ingreso al servicio docente, la promoción a cargos de dirección y supervisión, así como los estímulos para el reconocimiento docente conculca la rectoría del Estado en materia educativa, como en el pasado”, señaló la Red.
