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Liseth, una mujer venezolana y su hijo Misael, de cinco años de edad y con discapacidad auditiva, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) el pasado 25 de junio en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Acudieron para acompañar a su hermano, quien buscaba regresar voluntariamente a su país, según informó el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) al exigir su liberación inmediata. En lugar de recibir orientación y apoyo, Liseth y su hijo fueron detenidos sin justificación alguna.
“Su hermano fue liberado, pero ella y su hijo fueron llevados a un recinto desconocido en Toluca, en total opacidad y sin que se respetaran los derechos que les asisten. La detención de Liseth y Misael no solo es injustificada, sino irregular”, señaló la organización en un comunicado.
El IMUMI promovió un amparo indirecto por detención arbitraria, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y entabló comunicación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México; sin embargo, afirmó, las autoridades aún no han respondido.
“Liseth y su hijo están en riesgo de ser trasladados al sur del país e incluso ser deportados a Venezuela, lo que vulneraría aún más sus derechos. El hermano de Liseth denunció que durante la detención en el AIFA no se les proporcionó comida ni atención médica. Posteriormente, fueron subidos a una camioneta sin identificación oficial y hasta ahora se desconoce su paradero ya que se encuentra incomunicada”, indicó la ONG.
Desde noviembre de 2020, explicó, la Ley de Migración prohíbe la detención de familias, niñez y adolescencia migrantes. Pese a ello, hasta el momento no se ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre su detención. Agregó que Liseth ha residido en México desde hace seis meses y actualmente vive con su pareja mexicana quien les ha brindado apoyo a ella y a su hijo quien asiste a la escuela.
Por su parte, el hermano de Liseth ha señalado que interpondrá una denuncia en contra de los servidores públicos por los abusos cometidos en contra de su familia. La organización denunció que este no es un caso aislado, sino parte de una práctica sistemática de contención migratoria que ignora los derechos y la dignidad de las personas que buscan protección o transitan por México, incluso cuando su intención es regresar voluntariamente a su país de origen.
“Muchas veces, las familias que acuden de buena fe ante la autoridad son recibidas con detenciones, intimidación y separación. Desde el IMUMI hacemos un llamado al Comisionado del INM, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a generar e implementar acciones diferentes para la protección de las familias migrantes y que la regla no sea la detención”, señaló el IMUMI.
Por último, indicó que la nueva administración del INM tiene la posibilidad de demostrar que otra forma de hacer política migratoria es posible. Una en la que se escuche, se proteja y se respete la dignidad de quienes migran.
“Sabemos que tiene en sus manos una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Puede y debe poner fin a la política de detención y desgaste hacia las personas migrantes. Es tiempo de proteger, no de castigar. De construir una política migratoria centrada en los derechos humanos, especialmente cuando se trata de niñas y niños”, expresó.
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