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Durante tres años de huelga en Notimex se han presentado una veintena de puntos de acuerdo en el Senado y la Cámara de Diputados para citar a comparecer a su directora, Sanjuana Martínez, a fin de explicar el destino de al menos 900 millones de pesos que la agencia recibió de presupuesto, pese a estar paralizadas sus actividades; sin embargo, todos fueron frenados por la mayoría de Morena, PT y PVEM.
De acuerdo con senadores, diputados de oposición y abogados laborales, una vez que se conoció la liquidación de Notimex, es necesario que, al margen de la desaparición de la empresa, se inicien procesos para conocer el destino de esos recursos.
Según la ley que creó a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, el director debe “elaborar y someter a consideración de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades que se remitirá al Congreso de la Unión y dar cuenta de éste ante las comisiones legislativas correspondientes de ambas Cámaras”. Sin embargo, desde que asumió funciones Sanjuana Martínez, en 2019, nunca presentó dicho informe ni rindió cuentas al Congreso.
El 18 de mayo de 2022, el senador Noé Castañón presentó una iniciativa de reforma para reducir de seis a tres años el tiempo de permanencia en el cargo del o la titular de la Dirección General de Notimex. El proyecto se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legis-lativos de la Cámara de Senadores, donde se mantiene en la congeladora legislativa.
El senador Eruviel Ávila, del PRI, en marzo de 2019, un mes después de que estallara la huelga, presentó un punto de acuerdo para expresar su solidaridad con los 20 corresponsales extranjeros despedidos y exhortar a Sanjuana Martínez a revisar su situación laboral y encontrar una solución al conflicto. Nunca se aprobó. El 15 de septiembre de 2021 Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, murió sin recibir ningún apoyo médico o económico.
El 11 de enero de 2023, la senadora por MC, Carmen de León Gastélum, solicitó la comparecencia de la directora de Notimex para explicar “la situación de la agencia en los últimos mil 47 días de huelga que enfrenta Notimex, así como el uso y ejercicio de los recursos asignados a la agencia durante el periodo de huelga”. La petición no transitó.
El senador Erandi Bermúdez, del PAN, presentó en 2021 un pronunciamiento ante la violación sistemática de los derechos humanos y laborales de los colaboradores desde que Sanjuana Martínez asumió la dirección.
Otro punto de acuerdo fue presentado el 22 de abril de 2023 por los senadores de MC para citar a comparecer a Sanjuana Martínez. Asimismo, el 18 de abril de 2023 la bancada del PRI en el Senado exhortó al gobierno federal a reconsiderar la desaparición de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
También en San Lázaro
El 20 de mayo de 2021, la entonces diputada federal del PRD, Frida Esparza, presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para solicitar la comparecencia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para que explique su constante defensa a Sanjuana Martínez y por qué no condena las múltiples agresiones a trabajadores de la institución.
Aclarar los recursos
El senador Noé Castañón dijo, en entrevista con EL UNIVERSAL, que no sólo “es una cuestión económica, sino ética, legal e inconstitucional, la falta de interés de la directora de Notimex de rendir cuentas en contubernio con legisladores de Morena en ambas Cámaras, lo que derivó en que ahora el gobierno trata de suplir la labor de una agencia con una conferencia”.
Indicó que se debe aclarar el destino de los recursos recibidos desde 2020. “No puede ser ni opaco, ni omiso. Esto debe traer consecuencias directas y se deben aclarar los más de 900 millones de pesos”, dijo.
El abogado laboral Manuel Fuentes expuso que Sanjuana Martínez debe rendir cuentas de los presupuestos de 2020 a 2023, tiempo que lleva la huelga, donde se le entregaron 904 millones 792 mil 779 pesos, porque ha cometido faltas, no sólo de quién los ha ejercido sino también quién los ha proporcionado.
Recordó que la huelga es un derecho constitucional y el primero que lo debe respetar es el propio gobierno. “No se puede justificar, dotar y ejercer presupuesto durante una suspensión de labores declarada legalmente existente, para hacer labor de esquirol”, apuntó.
