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Ejidatarios de El Bajío en Caborca, Sonora, solicitaron a la Comisión de la Reforma Agraria del Senado, citar a comparecer a Alejandrina Gámez Rey, magistrada titular Tribunal Unitario Agrario del Distrito 28 con sede en Hermosillo, así como al comisariado ejidal de ese municipio en Caborca, por "solapar" y "avalar" el despojo de casi 2 mil hectáreas ricas en minerales como oro y plata.
A nombre de los ejidatarios, los apoderados legales y asesores jurídicos Rubén Olivares y Williardo De la Cruz, de las familias Cruz Pérez, Cruz López y Cruz Figueroa, pidieron al presidente de esa Comisión, senador Ángel García Yáñez y todos los senadores que la conforman, presentar un punto de acuerdo para citar a comparecer a la magistrada.
Asimismo, en entrevista en el Senado señalaron que se debe conformar una comisión de investigación y seguimiento desde la Cámara Alta para investigar una red de corrupción que opera en Sonora, la cual ha permitido, solapado e impulsado el despojo de miles hectáreas.
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Recordaron que el Senado es el que por ley ratifica a los magistrados agrarios a propuesta del Ejecutivo Federal, y por ello se debe llamar a comparecer a la magistrada ya que, aseguraron, en componenda con Jesús Javier Thomas González, integrante del Comisariado ejidal de El Bajío, han creado una red de corrupción que permitió el despojo.
“Esperamos un pronunciamiento firme por parte del pleno del Senado de la República sobre este caso que tiene 20 años en litigio y que a pesar de los laudos a favor de sus propietarios originales, no se ha resuelto conforme a derecho", señalaron.
En su llamado a la Cámara Alta, argumentaron que el pasado 16 de octubre del 2023 desacató a la excitativa de justicia 165/2023 emitida por el Tribunal Superior Agrario, donde se ordena la restitución de estas tierras, pero la magistrada en contubernio con un integrante del comisariado ejidal Jesús Javier Thomas González, desacataron el fallo.
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Denunciaron que la magistrada ha dado validez a actos jurídicos simulados por parte del comisariado ejidal, lo cual ha frenado que se dé la restitución de tierras que fue ordenada desde 2011.
“La sentencia 188/2009, de fecha 14 de noviembre del 2011, en donde condenó al Ejido el Bajío, representado por el comisariado ejidal, declarando nulos de pleno derecho, y por tanto inexistentes los acuerdos tomados en las asambleas de ejidatarios”, señalaron.
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