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Organizaciones civiles informaron que Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), ofrecerá una disculpa pública este viernes 26 de septiembre a los sobrevivientes y las familias de los fallecidos del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023, en el que perdieron la vida 40 migrantes, 27 resultaron heridos con secuelas graves de por vida y 15 mujeres sobrevivieron.
En ese sentido, indicaron que esta disculpa pública no cierra el caso, ni será realizada por el Estado mexicano, sino que se trata de una acción personal de Garduño Yáñez en cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, como requisito para concederle la suspensión condicional y permitirle liberarse del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual ha llevado en libertad desde el inicio.
“Este acto público no debe considerarse como el fin del caso. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para cambiar la política migratoria que criminaliza, detiene y desgasta a las personas migrantes en el país”, expresaron.
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Aunado a ello, señalaron que la disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento del exfuncionario, sino que debe verse como un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias, “porque no resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan”.
“Las 82 víctimas de esta tragedia estaban bajo custodia del Estado, y como tal, este tiene una responsabilidad irrenunciable de garantizar justicia, reparación y no repetición. La disculpa pública no puede ni debe sustituir el cumplimiento de las obligaciones legales y de derechos humanos que México tiene con las víctimas”, dijeron.
Además, enfatizaron la necesidad de que todas las personas vinculadas a proceso penal, sin importar el cargo que ostentaban al momento de los hechos, enfrenten un juicio hasta sus últimas consecuencias sin beneficios procesales injustificados, así como también se debe investigar las responsabilidades del gobierno de Ciudad Juárez.
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Asimismo, destacaron que se debe garantizar la no repetición de hechos como este mediante cambios estructurales en la política migratoria y en el trato hacia las personas en contextos de movilidad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
Agregaron que también es indispensable que el Estado mexicano asuma un compromiso claro para ofrecer medidas de reparación adecuadas y dignas para las víctimas y sus familias.
“Es urgente que el gobierno mexicano reconozca la magnitud de su responsabilidad, que modifique las políticas migratorias que siguen poniendo en riesgo la vida de miles de personas, y que garantice que hechos como este nunca se repitan”, manifestaron.
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“Mientras no haya justicia plena, reparación integral y garantías de no repetición, esta tragedia permanecerá sin resolución y continuará marcando la vergüenza colectiva de la indiferencia estatal frente al sufrimiento de quienes migran buscando una vida mejor”, concluyeron.
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