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Washington.— Justo un día después de que Joaquín Guzmán Loera fuera declarado culpable de 10 delitos de narcotráfico en un juzgado federal de Nueva York, en febrero pasado, el gobierno de Estados Unidos dejó claro al Cártel de Sinaloa y a la familia del capo que el fin de los días de El Chapo no significaba que cesaban en su cerco ni les iban a dar descanso.
Si la condena a Guzmán Loera fue el 12 de febrero, el 13 de febrero el gobierno desclasificaba la acusación y orden de aprehensión con fines de extradición de dos de sus hijos: Ovidio El Ratón Guzmán López, de 29 años, quien hace una semana fue liberado tras una balacera mortal en Culiacán, Sinaloa, generada por un operativo que tenía como objetivo su detención.
El gobierno de Estados Unidos está convencido de que, tras la detención de su padre en 2016 y su posterior extradición, condena y sentencia, tanto a El Ratón como a su hermano Joaquín El Güero Guzmán López, conjuntamente conocidos como Los Chapitos, se pusieron al mando del Cártel de Sinaloa, junto con Ismael El Mayo Zambada, socio de su progenitor.
En el documento de acusación, el gobierno estadounidense argumenta que Los Chapitos, entre abril de 2008 y el mismo mes de 2018 cometieron un delito de narcotráfico por la distribución de al menos cinco kilos de cocaína, 500 gramos de metanfetaminas y una tonelada de marihuana, con la intención de traficarla a la Unión Americana.
Según el código penal de Estados Unidos, se enfrentan a un mínimo de 10 años de cárcel y cadena perpetua. Si se comprueba que de su actividad criminal se ha registrado la muerte o daño corporal de alguien, la sentencia sería de al menos 20 años de prisión.
En la acusación también se informa que, en caso de ser declarados culpables del delito que se les imputa, el gobierno de Estados Unidos tiene la intención de decomisar “toda propiedad constituida o derivada de cualquiera de los beneficios que los acusados obtuvieron directa o indirectamente como resultado [del narcotráfico]”.
El documento de acusación, introducido en abril de 2018 ante un juez federal del Distrito de Columbia, en la capital estadounidense, es poco específico: sólo cuenta con cuatro páginas firmadas por el mexicano-estadounidense Arthur Wyatt, jefe de la División de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin detalles más allá del registro del delito.
El miércoles pasado, el abogado de El Chapo, Jeffrey Lichtman, aparecía por primera vez en televisión para comentar el suceso en Culiacán: “Fue sorprendente, escalofriante y triste a la vez”, dijo al canal Pix11 de Nueva York.
Allí confirmó que Los Chapitos son también sus clientes, y que durante el tiroteo estuvo “preocupado” por ellos.
