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El 26 de octubre de 2010, cuando Christian Téllez Padilla recorría las calles de Poza Rica, Veracruz, dos vehículos de la policía local lo alcanzaron y le impidieron el paso; con gritos y jaloneos, un grupo de ocho personas lo sacó de su carro y lo subió a la fuerza a una camioneta.
Cuando la esposa del joven, quien había atestiguado los hechos, le relató lo sucedido a la familia de Christian, todos se trasladaron a la Policía Intermunicipal de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla para pedir información; sin embargo, el responsable de esa institución les advirtió que ahí no se encontraba ningún detenido.
La sede de la Policía Intermunicipal fue a la primera dependencia a la que acudieron los familiares de Christian porque su pareja reconoció los carros y a algunas de las autoridades que trabajan en ese lugar.
“Fuimos a las instalaciones y nunca nos enseñaron la lista de los detenidos y tampoco nos enseñaron las fotografías de los trabajadores. No accedimos a la justicia desde un inicio porque el caso cayó en las manos de la Policía Intermunicipal, de quienes también recibimos amenazas de que nos fuéramos o nos iba a pasar lo mismo que a mi hijo”, aseguró María Eugenia Padilla, madre de Christian.
En entrevista con EL UNIVERSAL, relató cómo, a pesar de que han pasado casi nueve años de la desaparición del joven, ninguna autoridad municipal, estatal y federal los ha apoyado.
Incluso un año después se dio a conocer que uno de los policías municipales que rechazó haber detenido a Christian comenzó a ser investigado por el delito de delincuencia organizada y por ser un presunto integrante de Los Zetas.
“Lejos de ayudarnos, las mismas autoridades se han convertido en piedras en el camino de nosotros. Nadie nos ha respondido por lo ocurrido con mi hijo; nada más se echan la bolita los unos a los otros”, dijo Eugenia.
La revictimización hacia ella y su familia ha sido una constante en todo este tiempo; incluso reclamó que hasta en la antigua Procuraduría General de la República (PGR) intentaban bloquear las investigaciones y trataron de convencerla de que no siguiera con la denuncia.
“Salió peor cuando llevamos el caso a la Ciudad de México: cuando [en el] Ministerio Público me [tomaron] la denuncia, me [preguntaban] si estaba segura de querer [hacerlo], porque ‘si mi hijo estaba metido en algo, lo iban a agarrar’”.
Con todas estas adversidades, la señora Eugenia acudió a la organización Litigio Estratégico en Derechos Humanos , que presentó el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2015.
Fue hasta el mes pasado cuando el organismo internacional responsabilizó al Estado mexicano por haber participado en la desaparición de Christian. Debido a esa resolución, la primera en su tipo para nuestro país, ahora el gobierno debe retomar las investigaciones, rendir un informe y castigar a los responsables de los hechos.
“Desde que desapareció mi niño, vivimos con miedo. Ahora no dejo de pensar en mis sobrinos, por ejemplo, que pueden salir y no regresar nunca más. A pesar de que en este gobierno prometieron encontrar a todos los desaparecidos, no han cumplido, se han echado para atrás”, finalizó Eugenia.
