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Un tribunal federal confirmó que las cuentas bancarias de Rosario Robles Berlanga, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), permanecerán congeladas indefinidamente.
El Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en la Ciudad de México confirmó la sentencia de dictada por el Juez Décimo Segundo de Distrito en la materia en la que negó el amparo a Robles Berlanga contra el bloqueo de sus cuentas ejecutado por la Unidad de Inteligencia Financiera .
En su demanda, Robles Berlanga argumentó que no se le dio audiencia previa al bloqueo de sus cuentas, con lo que se vulneró su derecho a una debida defensa.
Sin embargo, los magistrados del Colegiado desestimaron sus argumentos.
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“El bloqueo de sus cuentas bancarias no se trata de un acto privativo, sino de molestia, razón por la cual su implementación no encuentra alguna limitante en la garantía de audiencia previa. Finalmente, como dicho bloqueo emana de una autoridad administrativa con competencia para decretarla, goza de la presunción de validez de todo acto de autoridad y por esa circunstancia no es necesario que se someta previamente a una revisión o control judicial”, indica el resolutivo.
La UIF, encabezada por Santiago Nieto , informó que ya fue notificada de la resolución en la que le fue negado el amparo a la extitular de Sedesol.
El bloqueo fue ejecutado por la UIF como parte de las investigaciones contra Robles por el caso de la Estafa Maestra en el que actualmente está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público, no así por el desvío millonario en Sedesol y la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) supuestamente ejecutado bajo un esquema de contrataciones irregulares.
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Robles Berlanga ya no puede impugnar la sentencia del Colegiado, por lo que deberá esperar a que su juicio penal concluya para que en sentencia se determine qué pasará con sus cuentas bancarias.
El próximo 26 de octubre comparecerá ante un juez a audiencia intermedia para escuchar la acusación que formuló la Fiscalía General de la República (FGR) en la que solicitó que se le impongan hasta 20 años de prisión.
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