Bajo el argumento de que la Reforma Energética de 2013 "significó un cambio normativo de carácter regresivo" pues "estableció un sistema eléctrico nacional cuyos verdaderos objetivos fueron el despojo, la desaparición de las empresas energéticas del Estado y el otorgamiento de beneficios ilimitados al sector privado", la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador propone cancelar contratos y permisos de generación de energía a privados, y suprime a las Comisiones Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
En el proyecto, en poder de EL UNIVERSAL, se establece que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.
En el contenido de la iniciativa se advierte, en un artículo transitorio, que todos los permisos y contratos de generación de energía eléctrica otorgados a privados quedarán cancelados.
"Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución", expone el documento.
Se establece también que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se convierte en el organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control; autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración.
"La CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. Subsistirán la Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las Filiales CFE Energia, CFE International y CFE Capital, y podrá crear las que considere conveniente", puntualiza la propuesta.
También se incorpora al litio y otros minerales estratégicos, como área estratégica del Estado, y se adiciona un párrafo para establecer que la CFE garantice generar al menos el 54% de la energía que requiera el país, y el sector privado puedan participar hasta en el 46%.
El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado "exclusivamente" por la Comisión Federal de Electricidad, "la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, para el corto y largo plazos; sector que actuará conforme a la planeación y control de esa Comisión".
Se elimina el párrafo octavo por el que el Poder Ejecutivo contaba con los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía.
De igual forma, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se reincorpora a la CFE y será la propia Comisión quien quede a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales "por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad".
En el artículo 27 constitucional se modifica el párrafo sexto para establecer que "corresponde exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines".
También se suprime el concepto de "empresas productivas del Estado" y se sustituye por organismos del Estado y se modifica un párrafo en el que se señala que "no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas, así como su rectoría sobre las áreas prioritarias, se reintegra el concepto de electricidad como área estratégica del Estado, concebida como unidad indisoluble de la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica".
Asimismo, se reglamenta que la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos energéticos por parte de particulares o por sociedades y "no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal".
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, aclara que "la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones".
Agrega que con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, "este se llevará a cabo mediante las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a organismos del Estado o a través de contratos con éstos o con particulares".
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