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A pesar de la creación del programa La Escuela es Nuestra (LEN), creado para mejorar y rehabilitar planteles de educación básica del país, las escuelas indígenas y comunitarias son las que menor acceso tienen al agua potable, electricidad, lavamanos, sanitarios, computadoras e internet.
En el ciclo escolar 2022-2023, más de la mitad de las escuelas primarias y secundarias del tipo comunitario carecían de agua potable y lavamanos.
El programa LEN fue creado bajo el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de que las comunidades escolares mejoren, pero los montos pudieran resultar insuficientes, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
“En el diseño del programa se indica que los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) pueden elegir emplear el recurso para infraestructura, ampliar el horario u otorgar servicios de alimentación, es decir, no necesariamente todos los recursos del programa se utilizarán para mejorar las condiciones del plantel; además, los montos de apoyo pudieran resultar insuficientes para proyectos relacionados con servicios básicos”, señala el organismo.
En su reporte Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho a la Educación 2023-2024, el Coneval precisa que en el referido periodo lectivo, un elevado porcentaje de escuelas de educación básica carecían de servicios básicos esenciales: 21.5% de los centros educativos no contaban con agua potable, 18.1% de estas no tenían lavamanos, 8.8% no contaban con electricidad y en 8.1% no había sanitarios individuales.
“Existe evidencia sólida que demuestra que una infraestructura de calidad contribuye a la optimización de la enseñanza, el incremento del rendimiento estudiantil y la disminución de los índices de abandono escolar, entre otras ventajas”, dice.
Datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) señalan que en México, 26 mil 463 escuelas no cuentan con servicio de electricidad, 56 mil 109 operan sin agua, 43 mil 558 no tienen lavamanos y mil 950 no cuentan con sanitarios.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, tres de cada 10 escuelas de educación básica del país presentan daño estructural, 33% funciona con alguna estructura atípica, 55% tiene deficiencias de accesibilidad y seis de cada 10 planteles no cuenta con servicios de internet.
“Estas dificultades son aún más críticas en las zonas rurales o con alto rezago social, lo que coloca a las niñas, niños y adolescentes y a la comunidad escolar en general en condición de riesgo”, destaca el reporte Diagnóstico del Programa La Escuela es Nuestra, hecho por la SEP.
Menciona que “la falta de adecuación de la infraestructura impacta de una manera más decisiva en zonas geográficas expuestas a condiciones climáticas extremas, aunque de manera creciente en otras zonas debido al proceso acelerado del cambio climático. Se ha documentado que las temperaturas extremas afectan directamente la salud y los aprendizajes, pues modifican la calidad del agua, del aire, los alimentos y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, además de que propicia, en el corto plazo, el ausentismo escolar”.
Carlos Ornelas, doctor en Educación por la Universidad de Stanford e integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, considera que los planteles de las comunidades indígenas o de las zonas más apartadas del país son las que presentan mayores deficiencias en infraestructura.
Resalta que de las escuelas indígenas de educación básica que existen en territorio nacional, 16% no cuenta con acceso a electricidad, 45% no tiene agua potable y sólo seis de cada 10 primarias indígenas tienen acceso a una sola computadora para fines pedagógicos.
“Hablar de la educación de los niños, niñas, adolescentes, y jóvenes indígenas en estos tiempos, es hablar de situaciones que han sido olvidadas, invisibilizadas e incluso ignoradas por el Estado”, señala.
Comenta que aunque el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, que en sexenios pasados se dedicaba a la rehabilitación de los planteles, “no era la gran maravilla”, contaba con reglas de operación claras.
“Los directores de los planteles eran los que decidían dónde y qué construir y no administraban recursos. Algunos Comités Escolares de Administración Participativa, que están integrados por madres y padres de familia, han llegado a robarse el dinero que se supone deberían invertirse en una escuela”, refiere.
Para Erik Avilés, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, los recursos destinados a la rehabilitación de planteles son insuficientes, ya van desde los 250 hasta los 600 mil pesos anuales.
“Este dinero no va etiquetado exclusivamente para rehabilitar infraestructura física educativa, sino que se puede utilizar de diversas maneras, que no necesariamente implican la ampliación de la capacidad instalada en materia de cobertura educativa para cada plantel escolar, ni tampoco en la extensión de los servicios educativos brindados, sino que puede ser empleado el recurso en cuestiones de alimentación escolar, compra de equipamiento, consumibles o pago de compensaciones”, sostiene.
Argumenta que está documentado que el programa La Escuela es Nuestra tiene vicios de origen que posibilitan la corrupción, como se denunció en su momento en las regiones de Maravatío y Puruándiro, en Michoacán, donde se simulaban compras y obras, mediante falsificación de firmas de padres de familia y facturas a modo.
“Es urgente que se replantee desde sus fundamentos este programa, máxime que está por discutirse y aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, razón por la cual no se debe demorar en el análisis y en la asignación presupuestal imbricada a reglas de operación que garanticen la transversalidad, la transparencia y la efectividad de los multimillonarios recursos que se asignan a una necesidad social impostergable, de acuerdo con los propios datos de Coneval e Inegi, así como del Formato 911, los cuales manifiestan la precariedad e indigencia de muchos miles de planteles escolares en México, lo cual socava profundamente los derechos a estar, aprender y participar de millones de niñas, niños y jóvenes en la nación”, sostiene.
