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El gobierno federal endurecerá la Ley de Aguas Nacionales (LAN) para castigar el huachicoleo de agua y a quien obtenga beneficios a través de cambios en los títulos de propiedad, haga uso indebido u obtenga concesiones mediante sobornos.
El anteproyecto de ley, disponible en línea en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), prevé el retiro de títulos de concesión, una severidad mayor —al elevar las multas de 2 millones a 5 millones— y penas de cárcel de hasta 12 años. En el documento se señala que el objetivo es garantizar el acceso al agua para todos los sectores de la sociedad civil a través del fortalecimiento de sanciones a prácticas que afectan la disponibilidad del recurso.
A diferencia de la actual LAN, vigente desde 1992, la nueva reforma considera como faltas administrativas merecedoras de infracción la explotación de volúmenes de agua mayores a los autorizados, la extracción en zonas vedadas sin permiso, así como el aprovechamiento de aguas nacionales sin contar con concesión o en condiciones distintas a las permitidas.
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De igual modo, ceder o transmitir de forma indebida los títulos de concesión, cambiar el uso del agua sin autorización o trasladarla con fines de lucro sin contar con permiso. Así como el desvío y obstrucción de cauces, la manipulación de equipos de medición para simular consumos menores y la corrupción en el otorgamiento o solicitud de concesiones, que quedarán igualmente tipificados en el catálogo de infracciones penales.
El anteproyecto, que se encuentra en revisión antes de ser enviado al Congreso de la Unión para su consideración, indica que, por las faltas antes mencionadas, las sanciones previstas contemplan multas que oscilan entre 260 y 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir 29 mil 416 pesos hasta 5 millones 657 mil pesos, dependiendo de transgresión.
Por quebrantar la ley también se penará con la demolición, clausura temporal o definitiva de obras de aprovechamiento y la revocación de concesiones, permisos o asignaciones. En caso de reincidencia, la multa podrá triplicarse y la sanción puede derivar en clausura definitiva.
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La autoridad del agua —de la que el documento no señala específicamente si es personal de la Conagua o de seguridad— puede aplicar, en los casos más graves, la pérdida en favor de la nación de la infraestructura utilizada en obras de aprovechamiento, y la retención de la maquinaria empleada hasta reparar los daños ocasionados.
La multa vigente va desde 260 UMA a 26 mil, que equivalen a 29 mil pesos como mínimo hasta 2 millones 941 mil pesos, es decir, tuvo un aumento de casi 3 millones de pesos por huachicoleo, cesión, transmisión, suministro e intercambio de títulos, o cambio de uso de agua para el fin con el que se otorgó el permiso.
En una revisión del anteproyecto, EL UNIVERSAL encontró que se adicionaron por primera vez penas de prisión, como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre.
Las mismas van de entre dos a 12 años para quienes trasladen aguas nacionales sin autorización o desvíen cauces con riesgo para la población y ecosistemas; de uno a nueve años para quienes manipulen medidores de consumo; de dos a 12 años para servidores públicos que entreguen concesiones a cambio de beneficios indebidos y hasta 12 años para quienes busquen concesiones mediante sobornos.
Actualmente, la Ley de Aguas Nacionales no establece una pena de prisión para el robo de agua, más que multas administrativas y otros mecanismos de control.
En el Código Penal Federal tampoco existe una norma que tipifique específicamente el robo de agua, que es conocido coloquialmente como huachicoleo.
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El anteproyecto de la Ley de Aguas Nacionales también introduce el concepto de “responsabilidad hídrica”, con el cual busca reconocer las buenas prácticas de quienes cuentan con concesiones o asignaciones y las regularicen en caso de estar dando un mal uso.
Dicho reconocimiento no se limita a un incentivo simbólico, ya que podrá ser considerado como criterio favorable en los procedimientos administrativos, es decir, los concesionarios y asignatarios que demuestren un manejo adecuado del recurso, transparente y conforme a la norma, podrían ver atenuadas las sanciones en caso de alguna infracción.
La iniciativa explica que esto abre un espacio para premiar el cumplimiento y la gestión responsable del agua, al tiempo que endurece las medidas contra el uso indebido para erradicar prácticas históricas de acaparamiento y corrupción en torno al agua.
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Hace tres días, en su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviaría a la Cámara de Diputados la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de devolver el agua como recurso de la nación y que su acceso sea un derecho.
Aseguró que la recuperación del recurso es indispensable para el desarrollo nacional y con esta iniciativa se implementan esquemas transparentes para que la Comisión Nacional del Agua sea la que realice su ordenamiento, evitando que las concesiones sean una mercancía entre privados.
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Diputados esperan recibir las iniciativas
Pese a que la Presidencia anunció el 1 de octubre el envío de un paquete de reformas en materia de agua, hasta anoche la Cámara de Diputados no había recibido las iniciativas.
El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que serían enviadas al Congreso la iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y para reformar la Ley de Aguas Nacionales. En 1992, en la época de Carlos Salinas, cambia la ley para convertir las concesiones de agua en una mercancía, argumentó. César Reyes
