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El sector obrero-patronal advirtió que la iniciativa de reforma al Infonavit que se aprobó en la Cámara de Diputados no contiene reglas claras para la supervisión de 2.4 billones de pesos, de los cuales tienen más riesgo 800 mil millones de pesos “líquidos” que tiene el Instituto.
Aunque el gobierno acordó con patrones y trabajadores que iban a tomar en cuenta sus inquietudes, no se hizo así y por ello, representantes sindicales aseguraron que van a salir a las calles de ser necesario.
En conferencia de prensa líderes del sector privado y de sindicatos de trabajadores encabezados por el secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Gerardo González y el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, dijeron que aunque pactaron con la Secretaría de Gobernación puntos “irreductibles” a ser modificados, en la iniciativa no se hicieron como se acordó.
“Las reformas aprobadas no contribuyen a fortalecer una institución emblemática de más de 50 años, que ha garantizado el acceso a la vivienda de millones de trabajadores” cuyos recursos provienen de las aportaciones de los empleadores y no del gobierno, dijo Gerardo González.
“Estamos dispuestos a tomar las calles porque lo hemos hecho siempre …todas las marchas protestas y mítines alimentan la transformación de la ley, en este momento ya realizamos un primer mitin en contra de esta reforma”, además se pretende ir a la Organización Internacional del Trabajo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras entidades internacionales.
Al menos se pudieran movilizar a 2 millones de trabajadores en todo el país que pueden manifestarse en contra de los cambios que se hicieron al Infonavit, porque los cambios debieran de proteger a los ahorros de los trabajadores, deben de conservar el tripartismo paritario y la transparencia en el manejo del Instituto.
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Además, los líderes de los sectores obrero y patronal advirtieron que los cambios que se harán al Infonavit no se apegan a normas contables y financieras, lo que limita la efectividad de supervisión del Instituto como entidad que otorga créditos.
“Lo que queremos asegurar es que se protejan los recursos de los trabajadores, que haya reglas y supervisión de los 800 mil millones de pesos. (El Infonavit cuenta con) 2.4 billones de pesos en activos, pero en líquido son 800 mil millones de pesos”, dijo Sierra.
El líder de la Coparmex denunció que la empresa constructora del gobierno que se creará operará sin estar sujeta a la supervisión del Infonavit, a pesar de que maneja recursos de los trabajadores.
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Sierra resaltó “la unidad entre trabajadores y empresarios en esta causa, reafirmando nuestro compromiso con el diálogo y la construcción de soluciones. Este esfuerzo conjunto, sin precedentes en más de 30 años, representa un hecho histórico”.
Lo que preocupa, dijo el representante de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Eduardo Ramírez Leal, es que el gobierno pretende construir medio millón de viviendas en seis años y de los recursos líquidos con que cuenta el Instituto, es decir, de los 800 mil millones de pesos tomará 350 mil millones de pesos para dirigirlos a esa constructora.
Agregó que eso significa que tomarán 58 mil millones de pesos anualmente para destinarlo a la construcción de vivienda, que es el recurso que invirtió la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en promedio anual.
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Ramírez Leal añadió que no hay “necesidad de hacer una constructora si tenemos constructores y vivienderos con capacidad del sector laboral participando con empresas locales, que necesidad de establecer una constructora”.
En el comunicado del sector obrero-patronal, se expuso que la constructora “tendrá la facultad de contratar a otras personas morales con el mismo objeto social, lo que contradice la reforma en materia de subcontratación laboral. Proponemos que el patrimonio de esta empresa filial forme parte del Instituto, ya que se trata de recursos de los trabajadores derechohabientes y que opere bajo los mismos controles y supervisión que el Instituto”.
Añadió que se tienen que revisar los presupuestos y planes de las direcciones del Infonavit y de ser necesario “modificarlas a coordinaciones sectoriales que den apoyo técnico y operativo a los representantes de los sectores para su participación en las sesiones de los Órganos Colegiados”.
Aseguraron que “la reforma elimina el requisito de que la Asamblea General apruebe el nombramiento del Director General, permitiendo su designación directa por el Ejecutivo. Esta modificación debilita el tripartismo al excluir el análisis del perfil del candidato y la participación de los sectores involucrados en el proceso”.
Señalaron que el artículo 44 que establece que “estará prohibida la actualización del saldo, el pago por concepto de amortización o los accesorios de los créditos otorgados a las personas trabajadora a que se refiere la fracción II del artículo 42, de no corregirse, el Instituto no podrá cobrar los créditos otorgados”.
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