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El Senado de la República concluyó los cinco conversatorios de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que buscan modificar algunos aspectos de la iniciativa presidencial, como la Agencia de Transformación Digital, así como sacudirse el mote de Ley Censura para aprobar el nuevo marco legal en un periodo extraordinario de sesiones el próximo mes de junio.
En el último de los conversatorios especialistas, empresarios y senadores de oposición insistieron en los riesgos de censura y la concentración de atribuciones con la nueva ley, y exigieron que las propuestas sean tomadas en cuenta y que no se queden sólo en promesas de apertura.
El senador y moderador de los conversatorios, Javier Corral, expuso que fue un trabajo de 20 horas, con 89 ponentes: “Se recibió retroalimentación y hay que revisar muy bien todas las propuestas para sugerir redacciones que corrijan, como redacciones que agreguen y luego vamos hacer una minuta con las principales propuestas y cambios que se persiguen en las comisiones unidas”.
Lo anterio, para tener “un periodo extraordinario en el mes de junio que nos permita emitir la legislación secundaria en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, insistió.
Corral Jurado expuso en entrevista que se realizará “una modificación muy importante, particularmente en el tema que más preocupó, que más polémica levantó, que es la concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ahí sí va a haber una reconfiguración de diseño del órgano”, apuntó.
Explicó que sin dejar de estar inscrito a la agencia, será muy importante el trabajo de distribuir qué atribuciones van a ese órgano regulador, qué atribuciones a la agencia, cuáles se mantienen en el sector de Comunicaciones y Transportes, incluso cuáles van a la Secretaría de Gobernación y a la Profeco.
Cuestionado sobre si con estos cambios se le busca quitar el mote de Ley Censura que ha denunciado la oposición y expertos, opinó: “Aquí ni censura ni restricciones a la libertad de expresión, ese mote con el que se quiso calificar fue una magnificación y distorsión”, argumentó.
Agustín Dorantes, senador del PAN, exigió que los conversatorios de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la voz y opiniones de expertos, empresarios y especialistas, sean incluidos en la nueva redacción y que “no sea una propuesta de letra escrita sobre piedra”.
Durante su participación el último conversatorio, indicó que las propuestas deben ser un ejercicio y ser tomadas en cuenta para tener una ley que realmente garantice el derecho a la información, la libertad de expresión y también un espacio donde se incentive la tecnología, que se disminuya la brecha digital en términos generales.
José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), manifestó su preocupación por un posible retroceso en la regulación que se pretende con la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque se centra exclusivamente en radio y televisión abierta y deja fuera otros medios digitales como el OTT (over the top) y el streaming.
Advirtió que una sobrerregulación podría afectar la libertad de expresión y la democracia, y descartó la idea de regular excesivamente los contenidos, argumentando que la pluralidad y la diversidad de medios garantizan el derecho de las audiencias a elegir libremente.
“Ahora que vemos esta iniciativa, este dictamen, vemos un retroceso. Seamos honestos, cualquier regulación a la radio y a la televisión abiertas, y voy a ser preciso, a la radio y a la televisión, únicamente a la radio y a la televisión, porque todos los demás medios de comunicación en este país, que son las OTT, los streamings, las páginas digitales, no están regulados.
“Yo diría, ¿no hay derechos de las audiencias para esos medios de comunicación? En fin, nuevamente es al perro más flaco al que se le carguen todas las pulgas. Así lo veo yo. Entonces, vamos a regular más a la radio y a la televisión”, lamentó.
Hilda González González, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), destacó la importancia histórica y política de los derechos de las audiencias, incorporados en la Constitución en 2013 y regulados desde 2014.
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