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La documentación entregada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto sugiere revisar minuciosamente los contratos utilizados en la nueva terminal aérea para evitar probable tráfico de influencias y favoritismo hacia empresas y personajes políticos cercanos al actual grupo gobernante.
Hay evidencias, añade el archivo, de contratos fuertemente cuestionados en otras obras otorgadas en los últimos seis años para presuntamente favorecer a “los amigos del Presidente”.
En el documento Política, Negocio y Poder, realizado por un grupo de especialistas encabezados por Alejandro Encinas Rodríguez, se argumenta que es necesario revisar la eventual existencia de intereses en conflicto, que desde la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en el artículo 8, numeral 12, señala que los funcionarios públicos deberán “abstenerse durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes inmuebles o muebles”.
En la sección Amigos del Presidente se hace una relatoría del presunto tráfico de influencias y el favoritismo hacia empresas y personajes políticos cercanos a la actual administración.
“El negocio del nuevo aeropuerto es fiel reflejo de esta forma de gobernar, donde empresas como OHL e Higa, con una larga historia de corrupción, han encontrado el lugar idóneo para llevar a cabo las relaciones de complicidad y negocios con el poder, que les ha permitido obtener onerosos contratos de obras de infraestructura, entre otros, el del nuevo aeropuerto, en demérito del erario e incluso a ocupar la primera fila en los actos oficiales del gobierno”, destaca.
Cita que, según información de la agencia Bloomberg, un grupo de nueve empresas mexicanas que planean competir por la construcción de obras del NAIM, encabezado por el multimillonario Carlos Slim y las empresas ICA y SAB, están considerando la posibilidad de retirar al Grupo Higa y su filial Teya, debido a los sospechosos beneficios que ha recibido desde que Peña era gobernador mexiquense.
Durante la administración de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, Grupo Higa participó en las obras del Viaducto Elevado Bicentenario, la carretera Toluca-Naucalpan, la autopista Toluca-Atlacomulco, la construcción de unidades médicas; la remodelación del estadio universitario de la UAEM, el estacionamiento del aeropuerto de Toluca y el libramiento de Acambay, entre otros.
Al referirse a las empresas “aliadas del Presidente”, el documento agrega que el tráfico de influencias y el favoritismo hacia las empresas y personajes políticos cercanos al actual grupo gobernante ha quedado en evidencia con la asignación de contratos fuertemente cuestionados, desde el sistema de telepeaje IAVE, hasta la licitación del tren rápido México-Querétaro, que fue cancelada.
La información elaborada por el grupo de Encinas Rodríguez comenta que una de las modalidades promovidas por los recientes gobiernos mexiquenses para ampliar los mecanismos de financiamiento de obras públicas han sido el Programa para el Impulso de Asociaciones Público Privadas (PIAPPEM), así como el Programa de Promoción de Alianzas Público-Privadas para la región de América Latina y el Caribe del Fondo Multilateral de Inversiones, (FONIM), financiado por el Ministerio de Economía y Hacienda de España, lo que ha generado un modelo de dependencia económica e institucional con Europa.
Bajo este esquema, “el gobierno de Peña Nieto comprometió más de 40 mil millones de pesos a las próximas cuatro administraciones estatales, las cuales pagarán mil 728 millones de pesos anuales a las empresas constructoras que gozan de una relación cercana con el grupo en el poder”.
