Durante 2023, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador castigó programas para prevenir el SIDA y las adicciones, estrategias para reducir la incidencia de problemas siquiátricos en el país y de salud reproductiva, así como diversas acciones de protección a la infancia.
A pesar de que en noviembre de 2022 la Cámara de Diputados autorizó presupuesto a todos esos rubros, a lo largo del año les fueron quitando recursos a través de adecuaciones presupuestales, hasta terminar por rasurarlos con 606 millones 400 mil pesos.
Fueron 4 mil 500 millones 400 mil pesos los que la Cámara Baja avaló para seis planes federales; sin embargo, en el último informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se advierte que al tercer trimestre de 2023 sólo se les habían otorgado 3 mil 894 millones, mientras que el dinero restante se reintegró a la tesorería sin que hasta el momento se conozca su destino.
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De acuerdo con el apartado “adecuaciones presupuestarias superiores a 5% enero-septiembre de 2023”, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), tuvo una adecuación de 17%, por lo que su presupuesto pasó de 73.4 millones a 61 millones de pesos.
Lo anterior implicó reducir el cumplimiento de los objetivos de dicha secretaría ejecutiva, que establecen “garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a la protección de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”.
En el mismo apartado se observa que al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, cuya labor “es lograr una tendencia sostenida en la disminución de la incidencia de infección por VIH y de ITS, la eliminación de la transmisión vertical del VIH y sífilis, así como una óptima calidad de vida de las personas afectadas por el VIH e ITS”, le quitaron 9.2% de sus recursos, al pasar de 466 millones 600 mil pesos a 423 millones 600 mil pesos.
Otro ente afectado en su funcionamiento fue el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que tuvo un recorte a lo largo del año de 19.7%, por lo que de los 2 mil 23 millones que le avalaron para 2023 sólo pudo ejercer mil 624 millones 100 mil pesos.
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Con dicho recorte por más de 400 millones de pesos se puso en riesgo la correcta función de ese centro, cuya responsabilidad es crear programas de planificación familiar y anticoncepción, salud sexual y reproductiva, cáncer cervicouterino, cáncer de mama, salud materna y perinatal, igualdad de género y prevención y atención de la violencia familiar.
Al término de 2023, los Servicios de Atención Psiquiátrica vieron reducido su presupuesto a la mitad, 42.3% para ser exactos. De los mil 200 millones 900 mil pesos que se le avalaron en el PEF se le quitaron más de 500 millones, dejándolo con 692 millones 900 mil pesos.
La misión de dichos servicios es “contribuir a la reducción de la brecha de atención siquiátrica mediante la prestación de servicios integrales especializados, con enfoque comunitario, de calidad y con pleno respeto a los derechos humanos de los pacientes”.
Por su parte, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, encargado de aplicar programas de salud bucal, contra enfermedades transmitidas por vectores, micobacteriosis, cardiometabólicas, envejecimiento, de urgencias epidemiológicas y desastres, y contra la rabia, tuvo un reajuste de 10.7%, pasando de contar con mil 47 millones de pesos a tener 935.1 millones.
La Comisión Nacional contra las Adicciones, dedicada a prevenir y atender los problemas derivados del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, se vio mermada en 33.4% de sus recursos. Finalmente, el Instituto Mexicano de la Juventud, de la Secretaría del Bienestar, sufrió un recorte de 68.7%.
La SHCP argumenta que dichos ajustes no son significativos, pues en su conjunto no superan 5% del presupuesto total. En el documento también aparece un reajuste de 56.2% a los recursos del Instituto de Salud para el Bienestar, monto que se transfirió al IMSS-Bienestar.
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