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En agosto de 2015, la Secretaría de la Función Pública (SFP) eximió de cualquier responsabilidad en torno a un posible conflicto de interés y actos de corrupción al entonces presidente Enrique Peña Nieto por el caso de la Casa Blanca.
Virgilio Andrade, exconsejero electoral, fue designado por el propio Peña Nieto para que encabezara la Secretaría de la Función Pública, y al final fue quien investigó el caso y no encontró responsabilidad del mandatario.
Angélica Rivera, entonces esposa de Peña Nieto, compró una residencia en Las Lomas al empresario de la construcción Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, quien estaba relacionado con al menos cuatro empresas que tenían contratos con dependencias federales y quien participaría en la construcción del tren México-Querétaro, además de que se le conocía por ser cercano al expresidente.
Ante esta situación, Virgilio Andrade señaló que el conflicto de interés no se materializa por relaciones de amistad; asimismo, eximió de cualquier responsabilidad a Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la compra de dos casas en Ixtapan de la Sal y Malinalco. En ambos casos, Virgilio Andrade advirtió que los inmuebles se adquirieron antes de que los acusados ocuparan un cargo en el gobierno federal.
La investigación en torno a Peña Nieto y Luis Videgaray tardó seis meses en concretarse y de ahí derivaron 60 mil fojas; además se incluyeron 200 indagatorias realizadas por más de 100 trabajadores de Función Pública, y se llamó a declarar a 111 funcionarios bajo protesta de decir verdad.
