El Índice de Paz México 2025 reveló que las armas de fuego que entran al país de manera ilegal desde Estados Unidos son cinco veces más que hace 20 años, y esa cifra ha sido proporcional al aumento de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego en territorio nacional.
De acuerdo con datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), en 2004 se tenía contabilizado que anualmente 90 mil armas de fuego eran ingresadas a México en contrabando. Para 2024 la cifra aumentó a 500 mil, según reportes del gobierno mexicano.
Texas es el estado con mayor salida de armamento de contrabando a Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán.
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Durante la presentación del informe, Carlos Juárez Cruz, jefe de la oficina del Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés) en México, mostró un mapa con el flujo de armas y drogas entre ambos países.
De acuerdo con el mapa, también desde California ingresan armas de contrabando, pero en menor proporción, hacia estados como Sonora, Sinaloa y Jalisco.
“Los rastreos realizados por la ATF sobre armas recuperadas en escenas del crimen en México han demostrado de manera constante que al menos dos tercios han sido introducidas por contrabando”, destaca el Índice de Paz México 2025.
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El modus operandi del “río de hierro”
En diciembre de 2024, un reportaje de CBS News llamó “río de hierro”, como en el argot policial, al flujo de armas desde EU hacia México.
El Índice de Paz México 2025 retomó el trabajo periodístico para describir el modus operandi de las organizaciones criminales para acceder a los arsenales, ante las restricciones para hacerlo en el territorio nacional.
“Los traficantes de armas reclutan a residentes o ciudadanos estadounidenses para que compren armas en tiendas o ferias de armas, lo que en inglés se conoce como straw purchase o compra a nombre de un tercero, para posteriormente transferirlas a un representante del cártel.
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“Este flujo ha armado cada vez más a los grupos del crimen organizado con armas de fuego, incluidas armas de grado militar, en sus altamente letales disputas territoriales entre sí y contra las fuerzas de seguridad del gobierno”, indica.
El incremento en los homicidios cometidos en México con armas de fuego fue evidente en 2013, cuando la mayoría de los estados fronterizos en Estados Unidos eliminó la restricción a la venta de armas de asalto (automáticas o semiautomáticas).
“El país ha experimentado un aumento significativo de los homicidios desde 2015, y una proporción creciente de estos asesinatos ha sido cometida con armas de fuego”.
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Narcomenudeo y extorsión siguen siendo negocio para el crimen
El informe revela que los delitos relacionados con la violencia generada por el crimen organizado en México han crecido 60% desde 2015. Delitos como homicidio y trata de personas por grupos del crimen organizado han disminuido, pero la extorsión y el narcomenudeo han aumentado.
En el caso de la extorsión, ha crecido 46% en la última década y su peor año fue 2022. Además, el aumento en las pérdidas económicas por este delito aumentó hasta cinco veces, pasando de un promedio de mil 300 pesos a 6 mil 900.
“La extorsión telefónica sigue siendo la forma más común de este delito, pero es la menos exitosa”.
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En contraste, dos de cada tres intentos de extorsión a negocios, en el modus operandi conocido como cobro de piso, logran su objetivo.
“Otra forma de extorsión cada vez más común tiene como objetivo a turistas extranjeros. El CJNG [Cártel Jalisco Nueva Generación], por ejemplo, ha estado involucrado en fraudes con tiempos compartidos”, señala.
El narcomenudeo se ha incrementado 161% desde 2015, y Guanajuato es el estado donde más personas reconocen saber dónde hay puntos de venta de drogas cerca de su domicilio y lugar de trabajo.
“Según datos de encuestas nacionales, el porcentaje de personas que reportan conocer puntos de venta de drogas en su colonia aumentó de 27.3% a 34.5% en la última década”, menciona.
El índice agrega que 2024 fue el año con más personas desaparecidas, con 32 mil 500 personas reportadas como desaparecidas y más de 13 mil no localizadas en el país.