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Hasta ahora, 19 estados del país han aprobado y publicado sus propias reformas locales al Poder Judicial para llevar a cabo la elección judicial el próximo 1 de junio, de manera paralela a los comicios federales.
En contraste, los estados de Oaxaca, Hidalgo y Querétaro aún están por definirse.
Entre los estados donde se llevará a cabo la elección por voto popular están Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Nayarit, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El último estado en unirse a esta lista fue Nayarit, pues el viernes pasado el Congreso del estado aprobó con 25 votos a favor el decreto que establece la elección a través del voto popular de jueces, así como la creación de órganos autónomos en materia de reforma al Poder Judicial local.
Según el Periódico Oficial de Nayarit, se establece que “los jueces electos son directamente responsables ante los ciudadanos que los votan para su elección. Esta responsabilidad busca garantizar que los jueces respondan a las necesidades y a los valores de la comunidad a la que sirven; con ello se procura que los jueces electos reflejen sentimientos y actitudes locales. El problema que presenta esta supuesta ventaja es que los jueces buscarán responder ante sus votantes y no al imperio de la ley y de la Constitución”.
Aguascalientes modificó la estructura de su Poder Judicial local para crear el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, como lo estableció la Constitución federal. Y agregaron requisitos adicionales para acreditar los conocimientos de los aspirantes a un cargo judicial.
En Baja California se acordó que los tres comités de evaluación se coordinen para establecer criterios y metodologías para evaluar y seleccionar a los juzgadores. Por ejemplo, se agregó el requisito de contar con mínimo tres años de práctica profesional en actividades jurídicas para aspirar a ser juez o magistrado del Poder Judicial local. En el caso del Tribunal de Disciplina, se requieren cinco años de práctica profesional.
En otras entidades también se estableció la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, como en el caso de Tlaxcala, Michoacán y Tamaulipas. Y en Sonora ya hay un comité de evaluación para la selección de jueces y magistrados.
Por otro lado, en tres estados se presentaron iniciativas distintas, como en Oaxaca, donde se retrasará la elección hasta 2027, pues no se aprobó la armonización de la reforma en el plazo requerido, por la extensión del territorio y cantidad de municipios que tiene.
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El gobernador Salomón Jara Cruz informó que su administración presentó a la LXVI Legislatura del Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial del estado para homologar la legislación local con la federal.
En Hidalgo, el gobernador Julio Menchaca Salazar presentó una iniciativa similar que contempla la renovación de cargos en 2027. En Querétaro Mauricio Kuri dijo que será complicada una elección de tal magnitud debido al presupuesto asignado al instituto electoral del estado.
La reforma judicial establece que los estados tienen un plazo de 180 días naturales a partir de su entrada en vigor para realizar todas las adecuaciones necesarias. Y dice que la renovación de la totalidad de cargos de elección de los poderes judiciales locales debe concluir en la elección federal ordinaria de 2027.
