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En una contratación pública que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2013 mediante invitación a cuando menos tres personas, por concepto de alimentación, fueron tres empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial: El Sardinero.
Esta firma nace en los 90 y años más tarde genera otras empresas, al menos cinco más con participación en procesos de contratación pública que comparten administradores, representantes legales y números telefónicos.
A través de consultas a Compranet y a bases de datos privadas sobre contrataciones gubernamentales, se ha identificado que el consorcio El Sardinero, mediante seis razones sociales, ha obtenido al menos 194 contratos públicos desde 2002 a la fecha, por un monto total de 3 mil 410 millones de pesos en los últimos tres sexenios.
Además, suman una adjudicación directa en este gobierno por mil millones de pesos.
Luego de revisar convocatorias y licitaciones, proposiciones, actas de juntas de aclaraciones, aperturas y fallos de las contrataciones, se detectaron algunas irregularidades en las operaciones de esta red de empresas dedicadas a la comercialización de alimentos.
Las seis firmas son Técnicos en Alimentación, Comercializadora El Sardinero, Surtipractic, El Sardinero es Servicio, Productora Procesadora Agrícola de México y Despensas y Proviciones de Alimentos (sic).
Estas empresas participaron como competidoras entre sí, en dos licitaciones federales y en cuatro estatales. En tres procesos de adjudicación en estados compitieron contra otras firmas que no tienen relación con el giro de alimentos y despensas, por lo que estaría en ventaja competitiva.
En una licitación estatal, El Sardinero participó y ganó una partida para proveer un servicio distinto al de alimentos y despensas, en el cual no tiene experiencia, por ello se presume que se le benefició de manera arbitraria.
En 2014, la Secretaría de la Función Pública (SFP) giró un oficio a todas las dependencias de los gobiernos federal y estatal en el que prohibió celebrar cualquier tipo de contratos con la empresa Comercializadora El Sardinero por dos años y cinco meses por inhabilitación por falsear datos en un procedimiento de licitación con el IMSS.
Menos de un año después, un juez de amparo dejó sin efectos la sanción de la SFP y se retiró a esta empresa del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Función Pública. Por cerca de un año el consorcio El Sardinero apareció en este directorio, una de las casi 2 mil empresas que la dependencia ha sancionado.
De 2004 a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene mil 853 empresas sancionadas; la mayor cantidad se registró en 2010 y 2011, con 233 y 177, respectivamente. Los tres últimos años concentran 20% del total.
En los primeros años del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el número de sanciones bajó considerablemente; 2014 fue el peor año con sólo 74 casos.
La directora general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, María Guadalupe Vargas Álvarez, explicó a EL UNIVERSAL que del pasado 1 de diciembre al 30 de septiembre de 2019 se han emitido 284 resoluciones: 63% han sido sancionatorias, lo que representa un aumento de 42% respecto a las realizadas en el mismo periodo del año anterior.
“Se está fomentado una cultura de la denuncia y están aumentando considerablemente. Se tiene registrado un incremento de 38% respecto de diciembre a agosto de 2018”, explica.
El proceso consiste en que después de la denuncia se inicia una investigación y si se cuenta con elementos suficientes para suponer una posible irregularidad, se inicia un procedimiento administrativo. Se sancionan tanto temas de corrupción como infracciones a las leyes de contratación pública.
En el directorio de contratistas sancionados se listan las empresas castigadas y multadas por malas prácticas en contrataciones públicas.
Estas firmas son aquellas empresas que reiteradamente no acuden a formalizar contratos, se rescinden por incumplimiento contractual, que proporcionan información falsa en los procedimientos de contratación.
De enero a agosto de 2019 hubo 94 sanciones impugnadas en tribunales, en 63% de ellas se confirmó la sentencia, es decir, casi 40% en las que la SFP encontró alguna irregularidad quedaron sin sanción tras un proceso en órganos en materia administrativa.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, declaró en agosto de 2019 que han sancionado a 136 empresas en lo que va del año y han hecho multas por más de mil 400 millones de pesos.
Meses antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras ser cuestionado por el monopolio de La Cosmopolitana en los comedores de sistema penitenciario, precisó: “No vamos a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación en general, ni en este caso de la venta de alimentos ni en la adquisición de otros servicios.
“Se cuida que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y honestidad en todos los casos”.
Unas semanas más tarde, en abril de 2019, Surtipractic S.A., de C.V., parte de la red de empresas de El Sardinero, recibió un contrato de la Policía Federal por los “Servicios de hospedaje, alimentación y apoyo logístico en el despliegue táctico-operativo” [de la corporación en el país] en 2019, por un monto máximo, más impuestos, de mil 275 millones de pesos.
A finales de 2018, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) relaciona en una investigación a El Sardinero con el “esquema fraudulento” de “operaciones inusuales” por parte de empresas que vendieron productos de baja calidad y con sobreprecios al gobierno de Venezuela para el programa estatal Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Además, esta red es investigada también por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos.
“Para reducir anomalías, se tiene que garantizar un apego a la ley, que no haya relación de los ganadores con proveedores sancionados y demostrar que ni el triunfador ni participantes forman parte de empresas fantasma.
“La primera condición es contar con leyes de calidad, tener un marco normativo robusto para que esto permee en las licitaciones y transparencia en rendición de cuentas”, explica Jesús Alarcón, del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Las fallas normativas generan que haya un alto índice de impunidad. En un periodo de 14 años, de 1998 a 2012, sólo 2% de los delitos de corrupción fueron castigados y los inculpados eran mandos menores.
De las 444 denuncias ante la auditoria, explica Alarcón, sólo siete fueron consignadas: “Se puede tener indicadores, pero si no se hace un cambio de raíz, que es tener un marco normativo robusto, no hay forma de que cambie esta situación”.
Un estudio del Imco revela los favoritismos de los sucesivos gobiernos por diferentes grupos empresariales: “Cuando hay un cambio de sexenio, hay uno de ganadores. Las 73 empresas más importantes al final del sexenio de Calderón, en 2012, concentraban 29% de las licitaciones, pero en 2016, estas mismas empresas sólo tenían 1%.
“En contraste, las firmas que son relevantes con Peña Nieto, en 2012 sólo representaban 2% de las licitaciones públicas con Calderón, pero para la mitad de su sexenio, representaban 32%. Oferta y demanda en un sexenio”.
