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La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), que agrupa a los operadores móviles del sector y a todo el ecosistema de la industria de internet y telefonía, expresó su preocupación por algunas de las medidas que incluye la iniciativa presidencial de nueva Ley de Telecomunicaciones, al advertir que de no modificarse puede generar incertidumbre jurídica a los inversionistas y afectaciones en los servicios.
En una carta enviada al Senado de la República, la Anatel critica que la propuesta del Ejecutivo proponga en los artículos 56, 57 y 58, la asignación directa de espectro y sin contraprestaciones a entidades públicas, lo que les da una ventaja competitiva con la que no cuentan los demás actores que han invertido en redes y en espectro cantidades significativas.
Además, advierte que se generaría incertidumbre en los Títulos de Concesión existentes.
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“Luego de reconocer la vigencia de los Títulos de Concesión de acuerdo con las leyes competentes, se señala que estas concesiones continuarían, ‘salvo que el Ejecutivo…’ determine razones por las cuales pudiera suspenderlas o afectarlas”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Gabriel Szekely, vocero de Anatel, señaló que lo más importante es que haya certeza jurídica para las empresas.
“Las empresas funcionan como cualquier organización que tiene que tener una visión, planes de inversión, presupuestos para llevarlos a cabo, etcétera. Entonces si esa certeza jurídica existe, las empresas pueden seguir contribuyendo a que este país que tiene uno de los mercados más grandes del mundo, de más de 130 millones de celulares activos el día de hoy, que sea una industria que tenga las tecnologías más avanzadas, las posibilidades mejores para los usuarios y eso requiere muchas inversiones”, apuntó.
“Nos preocupa que se hable de diversos casos en donde entes públicos pudieran recibir frecuencias del espectro radioeléctrico por asignación directa, sin licitaciones, además sin costo, cuando las empresas llevan muchos años invirtiendo en redes y en el espectro, cantidades importantísimas de dinero. Entonces, el no tener un piso parejo o lo que se llama ‘neutralidad competitiva’ es una muy enorme preocupación de la industria”, subrayó Szekely.
Los empresarios de telecomunicaciones señalan en su carta que también se dañaría la neutralidad de la Red, pues la iniciativa omite en el artículo 107 el “principio de gestión de tráfico”, que afectaría los servicios que recibe el conjunto de la sociedad.
Respecto al servicio gratuito en sitios públicos, la Anatel señala que dejarlo abierto a cualquier consideración unilateral haría incurrir en costos imposibles de evaluar en cuanto a su factibilidad, producto de la indefinición actual en la letra del artículo 80.
Considera además que no se entiende el motivo por el que se desea instrumentar un enfoque punitivo con efectos no deseados para la industria y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
“Se establecen en el artículo 266 diversas sanciones que con anterioridad ya incluyeron 0.75% o hasta 3% de los ingresos brutos anuales de un concesionario, para sancionar ahora con un máximo que duplica con hasta el 6% de los ingresos mencionados”, subrayó.
Los operadores del sector sostienen que la propuesta de Registro de Usuarios del Servicio Móvil no es una buena idea ni tendrá amplio respaldo en la sociedad. “Si a pesar de ello se llevara a cabo, la iniciativa señala que los concesionarios deberán elaborar y llevar el Registro, mientras que en la Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se indica que será la Agencia de Transformación Digital la que desarrolle y administre una plataforma digital para el registro de alta de los usuarios de telefonía móvil”.
En cuanto a la instalación, operación y mantenimiento de bloqueadores en penales, la Asociación advierte que la iniciativa es vaga y debe dejar claro que esta es una responsabilidad que debe seguir recayendo en las autoridades, por obvias razones de seguridad de los equipos con características que las autoridades determinen y la seguridad física de las personas que los instalan, operan y dan mantenimiento en los penales.
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Destacan los operadores que ley señala la obligación de las empresas de soterrar la infraestructura. “La industria reitera que tras varias décadas de inversiones en la vía aérea, solo se podrá ir al subsuelo durante un muy largo período y en tanto se cumplan las siguientes consideraciones:
“Que las autoridades competentes en los tres niveles de gobierno dirijan y coordinen el proceso de apertura del suelo, donde se encuentran otros elementos que no son de telecomunicaciones; realicen y financien la obra civil en la instalación de ductos siguiendo las complejas características técnicas requeridas; faciliten los trámites de municipios, INBA e INAH, y no cobren por los permisos de construcción que solicitan estas autoridades; que en el caso de las telecomunicaciones, se consideren las ‘acometidas’ desde las vías principales hasta cada predio que recibe los servicios.
“Que cada uno de los usuarios deba cubrir los costos de llevar la fibra óptica entregada en el subsuelo en la puerta de su propiedad, para introducirla de acuerdo con su gusto y necesidades hasta donde requiere tener su conexión; que se hagan planes cuidadosos con todas las empresas durante la intervención, sin afectar o interrumpir los diversos servicios que reciben los usuarios en las áreas intervenidas.
La Anatel solicitó al Senado “considerar los puntos compartidos que buscan poder contar con una mejor ley que facilite inversiones y los mejores servicios a los usuarios. Asimismo, hace un llamado para que, una vez aprobado el texto final, se ejecute con la mayor coordinación posible entre autoridades y los operadores, en beneficio de los servicios que reciben los usuarios”.
mahc/apr
