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Senadores del PAN denunciaron que el gobierno del presidente López Obrador ha asignado al menos tres contratos para trabajar en la Refinería de Dos Bocas a empresas ligadas con Juan Carlos Tapia Vargas, un empresario hidalguense acusado de huachicoleo y de entregar sobornos en el caso Odebrecht.
Aun cuando el empresario Tapia Vargas cuenta con investigaciones judiciales y sanciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por sus malas prácticas, ha logrado, a través de empresas fachada, obtener contratos por asignación directa del actual gobierno federal, se expuso.
De acuerdo a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, el dueño de Construcciones Industriales Tapia, S.A. de C. V. (CITAPIA) estuvo involucrado directamente en el escándalo de sobornos de Odebrecht.
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Sin embargo, mientras el exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya se encuentra privado de la libertad y bajo proceso judicial, Tapia Vargas goza de libertad y de los contratos gubernamentales.
Empresas que laboran en Tabasco presentaron ante senadores la situación de amiguismo y contratos a modo en favor de Tapia Vargas durante el Gobierno de la 4T.
Exponen que los primeros contratos y el vínculo con Odebrecht, surgieron en 2012. La investigación revela que declaraciones de exdirectivos de la petrolera brasileña en México ante la Corte Federal de Nueva York, PEMEX le asignó tres contratos por un monto total de cuatro mil 670 millones de dólares para reacondicionar las refinerías de Tula y Salamanca, bajo la condición de contratar a CITAPIA para la ejecución de obra.
Emilio Lozoya en declaraciones a la autoridad judicial mexicana, reconoció que Fabiola Vargas Tapia fallecida hermana de Juan Carlos Tapia Vargas, fue la encargada de “poner los recursos en efectivo en relación a las transferencias de Odebrecht”, es decir, participó directamente en el entramado de sobornos para que el Congreso de la Unión aprobara la Reforma Eléctrica propuesta por Enrique Peña Nieto.
Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2015, CITAPIA obtuvo de PEMEX; a través de contratos por asignación directa, cuando menos 517 millones de pesos y 72 millones de dólares.
En 2017, la Procuraduría General de la República (PGR), inició una investigación contra CITAPIA por el hallazgo dentro de sus instalaciones de una toma clandestina para la ordeña de combustible del poliducto Tula-Salamanca.
Durante la indagatoria, el abogado de Tapia Vargas argumentó que el terreno baldío fue rentado por un año por CITAPIA para que funcionara como pensión para vehículos pesados. Dos años más tarde, en 2019, PEMEX Transformación Industrial (PTI) se desistió ante el juez federal de la acusación contra la empresa; sin embargo, Juan Carlos Tapia ha tramitado diversos amparos para evitar ser detenido por este hecho.
El 5 de junio de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP), le impuso una multa por casi 207 millones de pesos e inhabilitó a CITAPIA por 30 meses, por proporcionar información falsa a PEMEX para obtener contratos. Esto no fue impedimento para que el hidalguense hiciera cambios de razón social y creara nuevas empresas para favorecerse de millonarios contratos gubernamentales de asignación directa.
Aprovechó los contactos cercanos en PEMEX para filtrarse en el proyecto insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la refinería Olmeca Dos Bocas, donde obtuvo contratos que superaron los 400 millones de dólares.
Lo hizo a través de empresas fachada como Mexicana de Recipientes a Presión, que luego cambió su nombre a PROESA, a su vez accionista de Manufactura Especial y Proyectos Industriales, S.A. de C.V. (MEPI), todas ellas constituidas por familiares y amigos de Juan Carlos Tapia Vargas, las cuales obtuvieron dichos contratos.
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