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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados emplazó a por lo menos tres secretarías de Estado y autoridades judiciales a entregar, en un plazo de 10 días hábiles, documentación relacionada con la gestión de Rosario Robles como funcionaria, misma que sería parte de las pruebas a analizar en el juicio iniciado en su contra.
Entre las instancias requeridas están la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que aporte los reportes de los que se desprendió el caso de desvío de recursos públicos, conocido como la Estafa maestra, asunto en el que Robles Berlanga habría sido omisa, según la causa penal que se le sigue.
Ayer, la Sección Instructora informó que también fueron girados oficios a las secretarías del Bienestar (antes de Desarrollo Social) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) —ambas encabezadas por Robles en el sexenio pasado—, así como a la de la Función Pública, las fiscalías General de la República (FGR) y Especializada en Delitos Electorales.
Además, reportó que dado que el gobernador de Michoacán, y quien en 2013 era diputado federal, Silvano Aureoles, fue uno de los denunciantes, a través del Juzgado de Distrito con sede en Morelia se le notificó que tiene tres días para si es que desea ratificar su querella.
La Sección Instructora precisó que fueron tres denuncias las que motivaron el inicio del procedimiento de juicio político: dos presentadas por Aureoles Conejo y por el exlíder de los diputados del PAN Luis Villarreal, y una de 2019 de la legisladora, por Tatiana Clouthier.
