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Las elecciones judiciales del pasado 1 de junio y todo el proceso y marco legal con que se realizaron para la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF) significó para México una farsa, una “regresión democrática de décadas” por su inequidad, falta de transparencia, la intervención de funcionarios y recursos públicos para coaccionar el voto a favor de determinados candidatos y el uso de acordeones, todo ello con un INE y un TEPJF “capturados”.
Al presentar el informe final sobre integridad en el proceso electoral judicial, los integrantes y especialistas de las organizaciones México Evalúa, Di-sentir, Laboratorio Electoral y Práctica: Laboratorio para la democracia, recalcaron que los comicios se caracterizaron, además, por un “cúmulo de ilegalidades” y por la parcialidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Instituto Nacional Electoral (INE), que actuaron a favor del oficialismo.
En su reporte expusieron que la “percepción de captura del INE y del TEPJF se ha agudizado, reflejándose en la constante contradicción de criterios y en votaciones divididas que sugieren presiones externas”.
El TEPJF, por ejemplo, mostró una preocupante variabilidad al aplicar lógicas distintas para asuntos electorales judiciales y políticos, generando incertidumbre en lugar de certeza. Esta conducta, sumada a la percepción de que no actuó de manera ni expedita ni efectiva y al hecho de operar con una integración incompleta y prorrogada, ha resentido notablemente la confianza de diversos actores en el tribunal.
A pesar de múltiples recursos e impugnaciones, las autoridades electorales y jurisdiccionales optaron por la inacción o la validación de irregularidades.
Durante la presentación del documento, las organizaciones revelaron la existencia de profundas deficiencias en el diseño, desarrollo y ejecución del Proceso Electoral Extraordinario para renovar al PJF, concluyendo que fue una elección carente de autenticidad y alejada de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad; la elección judicial fue “una farsa” y marca “el inicio de la restauración autocrática”, subrayaron.
En rueda de prensa, Susana Camacho, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, acusó la falta de reglas claras, la baja calidad del proceso legislativo para aprobar, sin mayor debate la reforma judicial y la falta de pulcritud que acabaron por dañar todo el proceso e impidieron que los ciudadanos acudieran masivamente a las urnas para emitir un voto libre e informado.
Consideró que el INE y el TEPJF “le fallaron a los mexicanos”, por lo que ambas instituciones contribuyeron a que quedara en entredicho la legitimidad de las personas que han llegado a los cargos de jueces y también, “la legitimidad de estas instituciones”.
Javier Marín, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuestionó la reforma y la elección judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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“¿Puede considerarse democrática una elección en la que la inmensa mayoría de los candidatos fueron decididos por representantes del gobierno y de la coalición gobernante? ¿Es democrática una elección en la que el electorado no tiene la mínima idea de quiénes son los candidatos ni qué funciones tienen los cargos en disputa?”, cuestionó.
El informe da cuenta de cómo se ignoraron resoluciones judiciales que buscaban frenar violaciones al Estado de derecho, mientras que cientos de candidatos fueron registrados sin una evaluación rigurosa, afectando la equidad en la contienda.
Se concluye que este proceso constituye un retroceso democrático y urge a una reforma estructural, transparente y participativa que garantice elecciones judiciales legítimas en el futuro.
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En este informe se detallan problemas que se observaron en el proceso electoral como falta de certeza jurídica y de presupuesto; desacato generalizado a suspensiones judiciales; boletas electorales inequitativas y confusas; candidatos con errores y falta de evaluación rigurosa; reglas de financiamiento y fiscalización aplicables a partidos políticos, que no se adecuaron al contexto de esta elección, así como ambigüedad de reglas predefinidas de campañas.
Sobresale el uso de acordeones y la baja participación ciudadana durante la jornada electoral; la falta de transparencia en los criterios del cómputo de votos, y una justicia electoral que convalidó deficiencias del proceso electoral.
Al respecto, las organizaciones recomendaron reformar el marco legal con participación plural, garantizando tiempos realistas, procedimientos claros y consulta ciudadana.
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También, establecer reglas uniformes y transparentes para la evaluación de candidatos, asegurando la idoneidad, independencia y trayectoria de las personas postulantes, y diseñar boletas claras y accesibles que permitan ejercer el voto de manera informada y equitativa.
