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Han pasado ocho años desde que Serymar Soto fue víctima de feminicidio. Su hermana Sandra Soto ha luchado hasta el cansancio para obtener justicia, pero en el camino se ha encontrado con jueces agresores, revictimización, trámites interminables y, por supuesto, la reforma al Poder Judicial.
En 2018, Jorge “N” promovió un recurso de apelación y cuando por fin confirman una sentencia, él alegó la violación de sus derechos humanos; así contó con ocho años para promover un amparo. Aprovechándose de un sistema que vulnera a las mujeres, dejó pasar un par de años y hasta diciembre de 2023 promovió dicho recurso.
“Luego se nos viene el paro del Poder Judicial, entonces se alarga más el resultado de este amparo, nosotras nos vemos afectadas, principalmente porque no hay una justicia pronta y expedita. Hay que esperar tiempo extra para la resolución del amparo por la cuestión del paro”, cuenta a este medio.
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En noviembre de 2024 se resolvió la apelación e inmediatamente promovió el recurso de revisión. Cada vez que los agresores interponen un recurso, escalan de autoridad hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y acusan a magistrados de Circuito, por ejemplo, de no respetar el debido proceso.
“Estamos siendo presas de un sistema judicial y de un feminicida, porque no tenemos la confianza de soltar, otras compañeras que son de lucha sufren irregularidades que ponen en libertad a los feminicidas o a los delincuentes por fallas en el proceso, por fallas de los servidores públicos, por corrupción. Vivimos esta condena junto con ellos”, lamenta.
Hasta la fecha desconoce si la Corte va a aceptar dicho recurso o lo van a desechar. Además, uno de los magistrados que atiende el caso fue acusado de violentar físicamente a su esposa y proteger a otros agresores, como Jorge “N”.
“Son miles y miles las solicitudes de revisión de amparo, estamos en espera. Después de eso viene la revisión, esto a lo mejor se alarga otros dos años. No logramos tener paz, siempre está en el hilo que en cualquier momento lo liberan”, dice.
Sobre el paro de trabajadores del Poder Judicial, Sandra Soto recuerda cómo Norma Lucía Piña, presidenta de la SCJN, los respaldó, aunque esto sólo fue una muestra de sus intereses para mantener beneficios como trabajadores y no a la ciudadanía o a mujeres que son víctimas de feminicidios.
Soto se ha manifestado en Palacio Nacional y tampoco es recibida: “Nunca hemos tenido contacto con Claudia Sheinbaum y eso que ella alardea que llegamos todas. No llegamos todas, faltan muchas, hay muchas asesinadas en el país diariamente. No nos recibió como jefa de Gobierno, nunca nos facilitó las cosas, mucho menos teniendo todo el poder en sus manos”.
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Elección judicial exige una visión violeta
La reforma judicial se convertirá en una sentencia de impunidad contra mujeres víctimas si las juezas y los jueces que serán elegidos en junio carecen de experiencia en perspectiva de género o ellas y ellos mismos son agresores, alertan abogadas feministas y activistas.
En entrevista con EL UNIVERSAL las expertas aseguran que sin perspectiva de género en el Poder Judicial se corre el riesgo de crear un doble estado de vulnerabilidad contra las víctimas, pues sus procesos pueden ser postergados o incluso detenidos.
Subrayan que el sistema judicial mexicano históricamente ha sido lento, revictimizante y poco efectivo en garantizar la protección y reparación del daño para las víctimas mujeres; por ello, hoy afirman que si los cambios al sistema de impartición de justicia no se hacen con lentes violetas, hay grandes posibilidades de un retroceso mayor en los derechos humanos de las mexicanas.
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“Desde el movimiento feminista hay que seguir denunciando y exigiendo que la reforma no se convierta en una sentencia de impunidad para las mujeres víctimas de violencias machistas, seguir evidenciando que la justicia no puede esperar, y menos cuando la vida y seguridad de las mujeres están en juego”, explica Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) a EL UNIVERSAL.
“La reciente reforma judicial, sin duda, genera incertidumbre y preocupación e impacta en todas las personas. Sin embargo, no podemos dejar de considerar el impacto diferenciado que tiene en las mujeres y en grupos vulnerables, por lo que se deben garantizar mecanismos claros para evitar que las víctimas de violencia sean las más afectadas”, agrega.
La también sicóloga feminista se pregunta quién garantizará la continuidad de los casos que, usualmente, ya eran dejados en el limbo legal.
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“En un país donde 94% de los delitos no se denuncian y 99% de los feminicidios quedan impunes existe un gran peligro de que los casos queden en el limbo legal, por lo que es indispensable que cualquier reforma priorice la estabilidad y especialización del sistema de justicia pues, de lo contrario, sería un retroceso”, sostiene.
Maïssa Hubert, subdirectora de EQUIS Justicia para las Mujeres, expone que la reforma judicial nos afecta a todas, pues el Poder Judicial se involucra en temas de nuestra vida diaria como divorcios, pensiones, guarda y custodia, acoso laboral, temas laborales, etcétera, es por ello que no sólo quienes han sido víctimas deben poner el tema bajo la lupa, sino todas.
Coincide y alerta a EL UNIVERSAL sobre el peligro que representa para las víctimas que los tiempos se alarguen, pues la mayoría de los casos de violencia de género requieren intervenciones rápidas.
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Asimismo, son focos rojos las curvas de aprendizaje de los nuevos perfiles, el cambio de las personas juzgadoras en medio de procesos y la elección de perfiles con perspectiva de género y su capacitación.
“El tema con la renovación de cargos y de nuevos perfiles es que no hay garantías de que las personas tengan experiencia, primero, al juzgar con perspectiva de derechos humanos y, luego, con perspectiva de género”, indica.
Se muestra preocupada por las recientes candidaturas en las que, por ejemplo, se encontró a un presunto integrante del crimen organizado.
“Es demasiado el número de personas candidatas como para hacer un monitoreo específico de los perfiles, entonces necesitamos para la siguiente elección hacer un monitoreo detallado con mecanismos de evaluación que incluyan temas de género, porque ha pasado [la elección de candidaturas] que son personas agresoras, vinculadas a delitos como desaparición, capacitistas, machistas, racistas y discriminantes”, subraya.
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La activista menciona que la otra cara de la reforma judicial es que ayudará a la entrada de un mayor número de mujeres en cargos de impartición de justicia que históricamente han pertenecido a hombres.
Carla Torres, integrante de la organización Libres y Combativas, comenta que, en su observación en trabajo de campo, la implementación de la reforma judicial ya está siendo tortuosa para las víctimas, mujeres privadas de su libertad, indígenas, sus familias y otras en estado de vulnerabilidad.
Así, no ve con optimismo su puesta en marcha tras las elecciones próximas, pero insiste en que el proceso y las acciones deben vigilarse meticulosamente con lentes violeta.
