Elección judicial: lejos de cumplir estándar básico
Todo proceso que se considere democrático debe ser libre, equitativo, justo e imparcial
Una revisión de la primera elección judicial por voto popular que se realizará en México el próximo 1 de junio permite decir que el proceso está muy lejos de cumplir con estándares básicos de transparencia e integridad.
La reforma al Poder Judicial se realizó con poco debate público y en medio de una serie de protestas por parte de los integrantes del Poder Judicial. Más que propiciar el consenso, se aprovechó la mayoría en las Cámaras de Diputados tanto a nivel federal como en las entidades federativas para imponer una decisión.
Con litigios en trámite, la primera fase de la elección judicial inició con una insaculación pública por tómbola, en el Senado de la República, para establecer quiénes y qué cargos estarían en disputa. Esta apuesta descarriló la trayectoria de quienes llegaron a sus cargos por concurso y mérito. Como resultado, 867 juzgadores, es decir, más de la mitad, declinó participar. El azar hizo que a nivel federal 881 cargos estén en juego con la ausencia de quienes tenían gran experiencia en esas labores.
Para la selección de candidatos se integraron tres Comités de Evaluación, uno por cada poder público. Su tarea fue el establecimiento de convocatorias, método de registro y criterios que garantizaran la idoneidad de los aspirantes.
Sin embargo, cada comité hizo lo que quiso. La evaluación, integración y filtro de las listas se hizo según su entendimiento. De los tres comités, sólo el del Poder Judicial de la Federación (PJF) publicó una metodología con puntajes específicos, diseñó un examen escrito de conocimiento para garantizar la idoneidad y estableció recursos de inconformidad. Una resolución judicial lo llevó a suspender su trabajo y ante la incertidumbre, los integrantes terminaron renunciando. Fue el excesivamente protagónico Senado de la República, quien realizó una tómbola sobre los aspirantes inscritos antes de que el Comité del Poder Judicial concluyera su trabajo. ¿Quiénes son los próximos juzgadores y cuáles son sus méritos? No lo sabemos. Por si fuera poco, el INE ha tenido que asumir la organización del proceso con la mitad del presupuesto solicitado. Esto repercutirá en el número de casillas instaladas y en la naturaleza ciudadana e igualitaria de la elección. Por primera vez, dado el enorme número de cargos en disputa, los ciudadanos no serán quienes cuenten los votos. Aún así se insiste en que esto es más democrático. Doctora Lourdes Morales Canales, profesora investigadora de la UdG y directora de la red por la rendición de cuentas.
En defensa de los derechos de los juzgadores
Tribunales deben garantizar a juzgadores su independencia y no ser removidos sin justa causa
La jurisprudencia interamericana —de estricta observancia en México— establece la obligación de los tribunales de Amparo de proteger los derechos humanos de las personas juzgadoras a su independencia judicial y a las garantías reforzadas de su estabilidad laboral y a no ser removidas antes de la conclusión de su encargo sin justa causa.
La naturaleza de estos derechos no es electoral y su protección compete a los tribunales de Amparo, según estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Si los tribunales de Amparo determinan que no puede disponerse de, ni someter en consecuencia a elección alguna, las plazas ocupadas por las personas juzgadoras inamovibles o cuyo periodo no ha concluido a fin de proteger sus derechos humanos, las autoridades electorales deben acatar.
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Los cargos susceptibles de ser cubiertos a través de una elección no son una decisión electoral, bajo la potestad de las autoridades electorales, sino es una cuestión que precede a su actuación.
Por tanto, la elección judicial —más allá de sus múltiples y graves falencias— sólo debería celebrarse respecto de las plazas vacantes o de nueva creación y no con relación a las de personas juzgadoras cuyo nombramiento no ha concluido.
De no ser así, México incurriría en responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos de las personas juzgadoras, quienes tienen derecho a un recurso efectivo en el ámbito nacional para proteger sus derechos humanos. J. Jesús Orozco Henríquez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Estado de derecho quedó hecho trizas
Modificación se aprobó a toda prisa y se echó a andar, literalmente, sobre las rodillas, señalan
La reforma judicial se aprobó a toda prisa y se ha echado a andar, literalmente, sobre las rodillas. Nadie pensó que era indispensable aprobar una legislación electoral ad-hoc. Por decreto se ha ordenado al Instituto Nacional Electoral (INE) que adapte la legislación existente.
La adecuación de las leyes y procedimientos electorales a la lógica judicial, sólo ha sido posible a partir de la violación sistemática del Estado de derecho en lo que todo lo que se refiere a su organización y los principios constitucionales que la rigen.
La distritación electoral tienen como propósito cumplir de la mejor manera posible el principio de una persona un voto. Quienes diseñaron la reforma judicial fueron incapaces de ver que la geografía electoral y la geografía jurisdiccional son imposibles de empatar. No todos los ciudadanos vamos a tener el mismo número de boletas para la elección federal. Algunos tendrán hasta 10 boletas, otros simplemente cuatro o cinco.
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La regulación mexicana de las campañas electorales se ha desarrollado para garantizar equidad en la contienda. Esa es la justificación del cuantioso financiamiento público y las normas de fiscalización. En el caso de la elección judicial cada candidatura deberá autofinanciarse “con sus propios recursos”. No será posible fiscalizar el origen de los mismos.
La legislación electoral exige que los votos sean contados por los funcionarios de casilla. Debido a la imposibilidad de tiempo ahora los contarán las autoridades electorales. No se inutilizarán la boletas de quienes no vayan a votar, no habrá Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni conteos rápidos aunque estos estén ordenados por ley.
Vamos a una elección en la que, de facto, se están rompiendo todos los principios electorales y los candados procedimentales para garantizar la integridad del proceso electoral. ¿Podremos recuperarlos o en el futuro tendremos que conformarnos con elecciones de ínfima calidad? Doctora María Marván, investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Exconsejera presidenta mujer del Instituto Federal Electoral (IFE) y comisionada presidenta fundadora del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai).
Reforma judicial camina rumbo al abismo
Cambio fracasó en democratizar a la judicatura y tuvo éxito en purgar y debilitar a los poderes judiciales
La reforma judicial avanza como un tren maltrecho por vías en ruinas, pero con paso firme hacia el abismo.
Aunque las campañas aún no inician, ya es claro que la reforma judicial ha sido tanto un fracaso como un éxito. Fracasó rotundamente en su intento por “democratizar” a la judicatura y mejorar la impartición de justicia, pero ha sido un éxito en sus verdaderos objetivos: purgar, capturar y debilitar a los poderes judiciales.
Por un lado, las boletas son prueba fehaciente de este fracaso. Las listas fueron armadas por dos comités de evaluación (y lo de “evaluación” es un decir) controlados por perfiles afines a Morena. No sorprende que en ellas abunden las personas con más lealtades políticas que independencia.
Peor aún, ninguna —enfatizó: ninguna— persona candidata presentó un examen general de conocimientos. Sólo desde la ignorancia o la mala fe puede creerse que, con una selección así, tendremos un mejor sistema de justicia.
Por el otro, la destrucción de la carrera judicial muestra el éxito de la reforma. La inmensa mayoría de jueces y magistrados federales que llegaron a sus cargos mediante evaluaciones serias y rigurosas decidieron no participar en esta farsa.
La pérdida de capital humano será enorme: la reforma judicial no sólo ha truncado la carrera de cientos de servidores públicos, sino que ha dejado a México sin uno de los pocos servicios profesionales dignos de ese nombre.
El caos de la reforma al Poder Judicial no es un accidente.
La meta era precisamente esa: eliminar al Poder Judicial de la Federación (PJF) como contrapeso y abrir las puertas de la captura. Aún falta por ver los resultados, pero la reforma judicial ya triunfó. Nos enfilamos decididamente hacia el abismo. Javier Martín Reyes, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en el Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker. X: @jmartinreyes.