Este domingo, en un proceso electoral inédito, comienza el proceso de renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, para esta etapa, el Instituto Nacional Electoral (INE) recibió al menos 42 denuncias contra candidaturas para integrar el pleno del Máximo Tribunal.
Las candidaturas han sido denunciadas, principalmente, por promoción indebida en redes sociales usando publicidad pagada, asistencia a foros o debates de forma inequitativa, y también por casos de violencia política de género.
En la boleta de la elección judicial se podrán elegir nueve candidaturas para conformar el pleno de la Corte, con cinco mujeres y cuatro hombres.
De acuerdo con datos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, también se ha denunciado y han procedido medidas cautelares contra páginas administradas por terceros, por pautar publicaciones para promover la imagen de candidaturas a la Suprema Corte.
“Por publicaciones en su perfil de la red social X, en las que promocionó eventos de carácter proselitista celebrados de manera irregular y en contravención de la normativa electoral, afectando con ello los principios de equidad en la contienda. Dichas publicaciones incluyeron expresiones directas de llamado al voto, y se llevaron a cabo en espacios tanto públicos como privados”, se lee en una de las denuncias.
Otro ejemplo es una denuncia por incurrir “en posibles vulneraciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad propios del proceso electoral, al participar y promover eventos de naturaleza proselitista realizados en un colectivo y en una universidad privada. Tales actos adquieren un carácter propagandístico al difundirse en redes sociales con el uso del hashtag, vinculado directamente con su número en la boleta electoral, lo cual sugiere una intención explícita de posicionamiento electoral”.
Y batean improcedencias
Del 23 de septiembre de 2024 al 23 de mayo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) ha recibido 223 denuncias de las cuales ha desechado 87 de las quejas por no contar con elementos suficientes; 90 más están en investigación; 39 concluyeron y siete fueron remitidos a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que se encarga del estudio de fondo.
Sobre los desechamientos se dictaron 23 acuerdos, la mayor parte concentrados en contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión (6), contratación de propaganda en redes sociales o internet (4) y participación en foros o debates (3).
Las reglas del juego
Ante esta elección inédita, el INE fijó reglas acordes con las campañas austeras previstas en la ley, y limitar las actividades que están permitidas en este periodo.
Las actividades se centraron en promover sus propuestas en redes sociales, pero se prohibió pautar las publicaciones, es decir, pagar publicidad para tener mayor alcance.
También se permitió la participación en foros y debates planeados por organizaciones, medios, entre otros, respetando las reglas de equidad.
Desde un principio, se solicitó que la asistencia fuera de al menos 50% de las candidaturas para garantizar piso parejo en dichos eventos, pero la medida fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
El Consejo General del INE flexibilizó las reglas para las mesas de diálogo y encuentros, al determinar que no es obligatorio invitar a las candidaturas que busquen un mismo cargo o compitan en una misma zona geográfica, es decir, se podían mezclar de varios cargos.
Para los foros y debates, se mantuvieron las reglas relativas a no utilizar lonas o pantallas móviles en las que se difunda la imagen o nombre de los aspirantes en lo individual, así como no dar ni colocar flores o alimentos.
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En cuanto a los gastos, está prohibido el uso de recursos públicos y privados, por lo que las candidaturas sólo pueden destinar dinero de su propio patrimonio.
También está prohibida la propaganda en vía pública como lonas, espectaculares y bardas, y sólo se permite la distribución de folletos o similares en papel. Sin embargo, el área de gastos será analizada por la Comisión de Fiscalización, que emitirá su dictamen en el mes de julio.
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