El Sistema Nacional Anticorrupción es como un llamado a misa, acusa la presidenta del Consejo Ciudadano

“El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), desde su creación, primero, se le ha visto como un entramado complicado que nadie quiere entender o que a nadie le interesa entender, y segundo, es como un llamado a misa”, asegura su presidenta, Vania Pérez Morales.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la doctora en Ciencias Políticas y miembro desde 2021 del Comité de Participación Ciudadana del SNA denuncia que, incluso, el sistema es oneroso si se comparan los 83 centavos que al año paga cada mexicano para su funcionamiento con los resultados que ha tenido, prácticamente nulos.

“El Sistema Nacional Anticorrupción está enfocado para hacer una política de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres niveles de gobierno, los tres Poderes de la Unión, puedan ser observados, fiscalizados y eventualmente sancionados por malas prácticas. Desde mi punto de vista, no ha ocurrido así por la falta de un ingrediente fundamental: la voluntad política”.

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Admite que, por inanición, los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador propiciaron que el SNA nunca operara como debía, es decir, la falta de nombramientos y la eliminación del Inai minaron su funcionamiento.

Por ejemplo, al final del sexenio de Peña Nieto no se nombraron a los magistrados regionales anticorrupción ni a los de la Sala Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa. Luego, al llegar López Obrador, no solo se incumplió con varios nombramientos en el Comité de Participación Ciudadana (CPC), sino que se eliminó al Inai.

Alerta que “un número importante de ciudadanos tomó la oportunidad de ser integrante de los comités de participación como una beca” y no se dedican de tiempo completo a esa actividad, como se los mandata la ley, sino que ni siquiera acuden a las sesiones o firman los acuerdos. A eso se suma el desinterés de quienes han encabezado algunas de las instituciones gubernamentales que integran el Comité Coordinador del SNA.

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Pérez Morales acusa directamente a David Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, de abandonar sus labores como integrante del SNA por cinco años.

“Constantemente se ha ausentado el auditor superior de la Federación. Lleva cinco años que no asiste de manera regular a las sesiones, que no hace propuestas, que no envía oficios, que no se involucra en los trabajos del sistema. Desde mi punto de vista, la fiscalización debería ser el corazón de cómo es que vamos a rendir cuentas”, afirma.

“Los cimientos están carcomidos”

Vania Pérez coincide con la presidenta Claudia Sheinbaum en que el Sistema Nacional Anticorrupción requiere una reforma que, entre otras cosas, garantice tres aspectos fundamentales: protección y secrecía para quien denuncie actos de corrupción; la inclusión de la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y establecer mecanismos de recuperación de activos, es decir, seguirle la pista a cada peso que pierden los mexicanos con los casos de corrupción.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum hay interés de echar a andar las cosas, pero cuando volteas a ver lo que tienes y ves que los cimientos están carcomidos, pues dices ‘¿cómo seguimos?’. Hay que hacer una revisión importante, hay que ponernos a disposición del escrutinio público y que sea la ciudadanía que diga ‘esto funciona, esto no’”.

Vania Pérez pone la lupa en el Comité de Participación Ciudadana, que debería estar integrado por cinco ciudadanos notables en el ámbito académico con estudios anticorrupción y literatura escrita al respecto, trabajo con la sociedad civil y cierto nivel de estudios.

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Dentro del comité nacional, acusa, ha habido intenciones de silenciamiento y se cometen irregularidades. En otras entrevistas ha denunciado públicamente a sus únicos dos compañeros del CPC, Rafael Puón y Patricia Talavera, de cobrar doble salario y de querer evitar que avancen exigencias de investigación por presuntos casos de corrupción, respectivamente.

Admite haber recibido amenazas por solicitar a las instituciones del Comité Coordinador que se investiguen casos de presunta corrupción y ha enviado más de 20 oficios a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado para que nombre a los otros dos integrantes del CPC antes de que inicie 2026.

“Ni el hola me contesta el senador Adán Augusto López”, dice.

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Vania Pérez pidió hace un mes que se investigara el patrimonio del presidente de la Jucopo, pero su compañera, Patricia Talavera, solicitó que se retirara dicha denuncia de los asuntos que trataría el Comité de Participación Ciudadana en las sesiones del SNA.

En febrero de 2026, Vania Pérez dejará su cargo en el CPC y con ello solo quedarán dos integrantes, con lo que el Sistema Nacional Anticorrupción dejará de tener capacidad de convocar a sesiones entre comités. A eso se suma que la Secretaría Ejecutiva está vacante y opera un encargado de despacho.

“Hay que ajustar tuercas”

El 14 de noviembre, la presidenta Sheinbaum anunció que se trabaja en una reforma al SNA para garantizar que exista menos burocracia y realmente haya sanciones en los casos de corrupción que se identifiquen y se han detectado en el país.

“Es algo que se tiene que revisar y, de hecho, no es algo que esté funcionando a plenitud. Fue un esquema que se planteó en el periodo de Peña Nieto, propuesto por distintas en organizaciones de sociedad civil, en donde es un esquema bastante complejo de muchas instituciones que, supuestamente, iba a garantizar la sanción cuando hubiera corrupción”, señaló la mandataria.

Vania Pérez comparte que se ha sentado con legisladores de Morena en la Cámara de Diputados para pelotear una propuesta de ella que pretende “ajustar algunas tuercas”, pero donde “el corazón del SNA siga siendo la ciudadanía”.

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En esa reforma, Vania Pérez pretende adelgazar la burocracia del sistema, con 32 Sistemas Estatales Anticorrupción incompletos. Además, debe incluir la entrada de la Secretaría de Hacienda y de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para garantizar la recuperación de activos relacionados con actos de corrupción y la consulta y gestión de datos abiertos del gobierno, respectivamente.

A eso deben sumarse medidas claras para proteger las denuncias sobre casos de corrupción, para que sean los mismos ciudadanos quienes se atrevan a denunciar, y también para periodistas que con sus investigaciones den a conocer algunos de los casos.

“Durante todo el tiempo que yo he estado aquí he denunciado algunas cosas y, ¿qué pasa?, pues se reciben amenazas, se recibe muchísima incomodidad. Si yo, como presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, no puedo denunciar la corrupción, ¿qué le espera a un ciudadano?”, cuestiona.