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El constitucionalista Diego Valadés, reconoció que el poder judicial está siendo utilizado para paralizar la acción del gobierno federal a cargo del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero aseguró que ello no depende de los ministros, sino de los defectos que arrastra el sistema principalmente en la figura del amparo, que no ha sido modificada desde hace más de un siglo.
Al participar en el conversatorio “Soberanía Popular, Fortalecimiento de la Democracia Directa y Vinculación Ciudadana” en la Cámara de Diputados, explicó que el sistema del amparo se creó en 1841 para contrarrestar la dictadura de Antonio López de Santa Anna, sin embargo, en pleno siglo 21, “lo que estamos viendo son excesos”.
“México es uno de los pocos países del mundo donde es posible impugnar la constitucionalidad de un impuesto, y es uno de los muy pocos países del mundo donde el amparo administrativo permite paralizar la acción del gobierno en detrimento de los gobernados. Esto que se dice de que se está paralizando y deteniendo la acción de gobierno, pues sí existe, pero no depende de los ministros, no depende de la voluntad de los integrantes del poder judicial, depende de que no le hemos hecho juicio al amparo, el amparo administrativo es un anacronismo que tiene que ser revisado y el amparo fiscal es un anacronismo que tiene que ser revisado”, puntualizó.
El jurista sostuvo que para atender este problema, sí es necesaria una reforma al sistema judicial en México, que impulse en primera instancia una secretaría de justicia o en su caso una Comisión Nacional de Justicia dedicada a hacer políticas públicas en la materia.
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“En 1917 se desintegró la secretaría de justicia y México es el único país de la OCDE que no tiene Secretaría de Justicia, carecemos de políticas de justicia, y como consecuencia de todo eso nuestro país tiene en este momento a cinco jueces por cada 100 mil habitantes, Colombia tiene 10, Perú y Paraguay tienen 11, España tiene 21, Costa Rica tiene 25, Alemania tiene 26, nosotros tenemos cinco y con esas cifras no podemos lograr la justicia pronta y expedita”, detalló.
Elección de ministros por voto popular, “no resuelve el problema”
Sobre la propuesta de Morena para que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante voto popular, consideró que ello no resuelve el problema.
“Considerar que el problema de justicia se resuelve eligiendo popularmente los ministros es una reducción de la magnitud del problema, es más aún, con ese mecanismo o cualquier otro, no se resuelve el problema de Justicia del país”, declaró.
Valadés Ríos recordó que el cargo de ministro exige independencia, autonomía, imparcialidad y competencia profesional, sin embargo, advirtió que el voto popular no garantiza que quienes resulten electos cumplan con las cualidades mencionadas.
“¿Cómo podemos tener los electores la seguridad de que a quién elegimos reúnen las características de independencia, autonomía, imparcialidad y competencia profesional? Si la elección fuera garantía de esos elementos no habría discusión entre las y los Diputados que son electos por voto popular, porque todos serían perfectos, si toda elección es una garantía de perfección entonces esta cámara y la otra tendrían que funcionar por unanimidad y esto no es así”, cuestionó.
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El constitucionalista recordó que en muchos sistemas para la integración de quienes deben integrar la Corte se consulta a un grupo de litigantes, a la academia, a la propia judicatura y a las organizaciones sociales, por lo que también se podría consultar a la población, pero no solo a este último grupo.
“Sí hay que revisar el procedimiento de designación de los ministros de la Corte como también hay que revisar el procedimiento la designación de la Presidencia de la Corte qué es altamente divisivo, ¿cómo es posible que la Presidenta de la Suprema Corte sea también presida al Consejo de la judicatura? Claro que se debe revisar. El presidente o presidenta de la Corte debe ser un moderador de debates y tiene que ser sustituido cada año por el orden que se asigne, ya sea antigüedad, alfabeto o el criterio que se quiera para que no haya hegemonía de poder dentro de los órganos de justicia”, concluyó.
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