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A 30 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), personajes centrales en aquella época de los diálogos de paz consideran que el movimiento insurgente y los acuerdos de San Andrés Larraínzar fueron de un gran valor histórico y permitieron voltear a ver a las comunidades indígenas y reconocerlos dentro de la institucionalidad y dentro de los derechos.
Tras aquella irrupción en 1994, se logró el cese de las hostilidades con los que Acuerdos de San Andrés Larráinzar, llamados así en honor a la población donde se llevaron a cabo. Se firmaron el 16 de febrero 1996.
En entrevistas con EL UNIVERSAL, personas clave que participaron en el proceso de diálogo compartieron su experiencia.
Francisco López Bárcenas, abogado de origen mixteco y exasesor del EZLN en las mesas de diálogo previo a la firma de los acuerdos de San Andrés Larraínzar señaló “el gobierno estaba reconociendo que los pueblos nunca habían estado dentro de las institucionalidad y dentro de los derechos, ese sigue siendo su gran valor”.
Los Acuerdos de San Andrés aún siguen vigentes porque el gobierno federal sigue sin reconocer territorios indígenas y los gobiernos autónomos de las comunidades, se han visto algunas simulaciones con las cuotas que dan por parte del INE, explica el abogado Francisco López Bárcenas.
Además, en la actual administración del gobierno de la Cuarta Transformación los pueblos indígenas y organizaciones han realizado distintas protestas para denunciar la violación a su derechos a la autonomía, la libre determinación y el acceso a sus tierras; en la construcción de obras insignia como el Tren Maya, el interoceánico y el asesinato de defensores indígenas del medioambiente.
Bárcenas aún recuerda con emoción su participación en dicho proceso, recalcó que fueron muchos los que asistieron a las mesas de negociación, entre invitados, asesores y mediadores del gobierno federal “yo formé parte de la asesoría, se acordó con la comandancia del EZLN realizar mesas de trabajo en cada proceso”.
Además, señala que las mesas de diálogo tuvieron distintas etapas, en una de ellas el abogado le tocó sistematizar, “para mí la experiencia fue novedosa, el gobierno no quería llegar a ningún acuerdo, reventaron las mesas y no quería que se avanzara nada en los derechos de los pueblos indígenas”.
El abogado recalca que aprendió mucho, le quedaba claro que había que reformar el Estado, ”cuando uno está hablando derechos indígenas, no estamos de derechos individuales, se habla de lo colectivo como: autonomía, territorio, gobiernos propios, derechos propios, no estaba en la constitución y se plasmó en los Acuerdos de San Andrés”.
Dicho planteamientos por parte del EZLN en los acuerdos de San Andrés, era un rechazo al modelo de Estado Neoliberal, es un sector de la población que nadie había volteado a ver, que son los pueblos indígenas, por eso el gobierno estuvo en desacuerdo en firmar, porque llevaron a cabo una simulación, denuncia Bárcenas.
Bárcenas asegura que el cumplimiento de los derechos indígenas, nos haría bien a todos los mexicanos y a la humanidad, ya que “el sistema político mexicano ha colapsado, actualmente no es democrático, se ha vuelto un negocio, hemos perdido los valores éticos; los políticos, han puesto al centro el dinero, que la vida humana”.
Un momento crítico
La participación federal para mediar con el EZLN y tratar de llegar a una solución pacífica fue la instalación de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) fue instalada el 15 de marzo de 1995.
La instancia quedó integrada por miembros de la LVI Legislatura de todos los grupos parlamentarios: por el PAN Luis Héctor Álvarez (presidente fundador), Rodolfo Elizondo Torres, Alejandro González Alcocer, Luis Felipe Bravo Mena; del PRI Jaime Martínez Veloz, Marco Antonio Michel, Pablo Salazar Mendiguchía y Óscar López Velarde; del PRD Juan Guerra Ochoa, César Chávez Castillo, Heberto Castillo Martínez y Guillermo del Río Ortegón y del PT Marcos Carlos Cruz Martínez y Alejandro Moreno Berry.
Luis Felipe Bravo Mena quién participó en la Cocopa explicó a EL UNIVERSAL “el momento crítico, el momento histórico, la coyuntura específica que fue de gran valor para todos, el pronunciamiento del EZLN, fue un llamado de atención que se debía atender el problema de los pueblos indígenas, nadie se había metido a fondo a escucharlos en la vida nacional y la justicia”.
El presidente Salinas su primer impulso fue iniciar un combate armado al enviar al ejército, “fue una cosa bárbara, en ese sentido se detuvo a tiempo y nombró más bien un negociador y nominó al licenciado Manuel Camacho Solis para que intentara mediar entre el EZLN y abriera un proceso de diálogo, en cambio, el obispo Samuel Ruiz, fungió como mediador por parte del ejército zapatista”, afirma Bravo Mena.
Uno de los encuentros para mediar la paz entre el EZLN y el gobierno fue el diálogo que se llevó a cabo en la catedral de San Cristóbal de las Casas y la celebración de la Convención Nacional en Aguascalientes.
Cabe destacar, que el expresidente Ernesto Zedillo desconoció los Acuerdos firmados y envió otro tipo de iniciativa de reforma, recalca Bárcena.
Mientras el entonces presidente Vicente Fox, el primer mandatario de la alternancia, se comprometió a resolver el conflicto del EZLN en 15 minutos, lo que nunca ocurrió.
Durante el gobierno de Vicente Fox, el EZLN anunció la realización de la marcha del color de la tierra, que inició en San Cristóbal de las Casas el 24 de febrero de 2001 y recorrió 12 estados del país, con el propósito de impulsar la aprobación de la propuesta de la Cocopa, misma que Fox se había comprometido a defender.
Dicha caravana movilizó a millones de mexicanos y la comandanta Esther hizo uso de la palabra en el Congreso de la Unión, quién demandó la aprobación de las reformas sobre derechos y culturas indígenas y aclarar que los pueblos indígenas no buscaban separarse de la nación.
Sin embargo, el 25 de abril del 2001, el Senado de la República aprobó la reforma que dejó fuera aspectos fundamentales. No reconocía a las comunidades como "entidades de derecho público", éstas pasaron a ser de "interés público". También cambiaron el "uso y disfrute de los recursos naturales" por la de "uso preferente"; "autonomía" y "territorio", fueron los conceptos clave que no aprobaron los senadores y eran las principales demandas estipuladas en los Acuerdos de San Andrés y que dicha reforma desconocieron los zapatistas.
El levantamiento zapatista se dio en el contexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Estados Unidos y Canadá, el cierre del gobierno de Salinas de Gortari. Los zapatistas se levantaron en armas y tomaron cinco cabeceras de Chiapas, al mismo tiempo presentaron la primera Declaración de la Selva Lacandona.
Fabián López Bonilla, quien pertenece a la comunidad Ñuu Savi en Oaxaca, Doctor en Ciencias Políticas y maestro en la Carrera de Comunicación en la UNAM afirma “el EZLN al levantarse en 1994 cuestiona e irrumpe ese discurso de riqueza y de fantasía, viene a generar una ruptura de un establecido por el Estado y el zapatismo coloca el tema de los pueblos indígenas”.
El zapatismo empieza a generar un movimiento en red, la horizontalidad, el intercambio desde lo comunitario y lo colectivo es una forma de entender y comprender la política; desde los vínculos. Asimismo la mezcla de las cosmovisiones de los pueblos originarios y las cuestiones radicales provocó una voz muy potente para el EZLN, señala Fabián Bonilla.
En el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas el académico asegura “es una presa fácil para el Estado o instancias gubernamentales, es un avance, las reformas sobre los derechos indígenas no son dadas porque el gobierno o la clase política lo decidió, fue por presión social, la movilización y la lucha como la del EZLN para que se den esos cambios normativos-legales”.
Recalca que la izquierda radical y armada encontró una jerga un argot, los zapatistas le dan ese giro a partir de las cosmovisiones de los pueblos indígenas expresiones más creativas para acercar el tema político a personas que no tenían esa posibilidad.
De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) los pueblos indígenas han estado asociados a mayores niveles de precariedad que el resto de la población e históricamente ha sido uno de los grupos poblacionales que enfrenta mayores rezagos sociales y económicos.
Desde el 2010 es uno de las poblaciones con mayor incidencia de pobreza, en 2020 poco más de 9.6 millones de personas indígenas presentaban está condición. Fue el único grupo poblacional donde la dimensión asociada a los derechos sociales registró porcentajes de hasta 100% en carencias, como el acceso a los servicios básicos en la vivienda.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía afirma que México existen 23.2 millones de personas de tres años y más que se autoidentifican como indígena.
