El Ejército identificó desde 2014 a grupos “anarquistas”

Desde 2014 el gobierno federal comenzó a detectar a grupos anarquistas violentos en México por las movilizaciones sociales en las que participaban en la Ciudad de México. Además, desde 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó la estructura de estos grupos, a los que ha calificado de “anarquistas” y “disidentes”; pese a ello, continúan operando.

Documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) revelados en la filtración Guacamaya Leaks reflejan que existen al menos a 18 grupos anarquistas, siete de ellos catalogados como “radicales”, con presencia en 14 estados del país y que siempre aparecen durante marchas de protesta social.

Los documentos denominados Campos de poder en CDMX revelan los nombres y rostros de los integrantes y líderes de estos grupos, que, según los datos del CNI, son jóvenes, la mayoría estudiantes expulsados de alguna institución de estudios superiores, y que se caracterizan por atacar a elementos de la policía, pintar consignas y destruir mobiliario público.

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Disidentes. Fuente: Guacamaya y Sedena

Útiles para el gobierno

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL sugieren que es el mismo gobierno uno de los mayormente interesados en que estos grupos, en su mayoría formados por jóvenes con ideología disruptiva y de justicia social, funcionen como lo hacen; por ello, indican, no se han tomado medidas al respecto.

En entrevista, Alberto Capella, exsecretario de Seguridad Pública en Tijuana y quien escribió para este diario un artículo que se viralizó sobre lo que vivió en la movilización del sábado pasado (mejor conocida como la marcha de la Generación Z), consideró que es el gobierno el principal interesado en que estos grupos de “bloque negro” funcionen como lo hacen: “Son grupos que funcionan al estilo de las pandillas: son jóvenes, sus acciones tienen una motivación ideológica, están organizados, tienen líderes y saben lo que hacen, pero otro asunto relevante es que actúan con total permisividad del gobierno”, dijo.

Capella descartó que en la marcha de la Generación Z hubiera elementos paramilitares o policiacos infiltrados en el bloque negro. Señaló que las diferencias de complexión física entre personas preparadas en materia de seguridad pública y los jóvenes que integran a dicho grupo son muy visibles.

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“Es sabido que no sólo en México, sino en todas las latitudes del mundo, las juventudes tienen inquietudes y sueños que se exponen de manera social en marchas como éstas. Que haya jóvenes anarquistas o disidentes no es novedad, pero igualmente se sabe que los gobiernos aprovechan este campo para manipularlos y algunas veces hasta financiarlos, pues les conviene que se actúe de esa manera en marchas con origen pacífico, para desprestigiar”, apuntó.

La identificación de las organizaciones

La Sedena expone en los documentos citados que hay al menos 18 grupos considerados anarquistas, con presencia identificada en 14 estados, Nuevo León, Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Jalisco, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

A estos grupos los catalogan por haber sostenido “acciones violentas, pintas, incendios, detonaciones de artefactos explosivos y de armas de fuego”, así como por los antecedentes penales de sus integrantes. “Cualquiera que niegue la autoridad y luche contra ella es un anarquista”, señala el documento.

Entre los 18 grupos sociales anarquistas que identificaron el CNI y la Sedena, en documentos fechados en agosto de 2022, destacan siete organizaciones señaladas por ser las más radicales: Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Okupache, Comité Libertario Preparatoria 3, Comité Libertario Preparatoria 7, Comité Libertario CCH Oriente e Instituto Salvaje.

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Todos están agrupados bajo el liderazgo de la Coordinadora Estudiantil Anarquista y algunos están relacionados directamente a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ellos precisamente se enfoca el análisis más amplio del CNI.

La UNAM, el foco de la anarquía

Específicamente, sobre los integrantes del movimiento Okupache, los documentos del CNI identifican como sus líderes a Irene Pérez Villegas, alias Matzura, y José Luis Ramírez, alias El Chompiras, exestudiantes del CCH Naucalpan y quienes fueron expulsados por actos vandálicos en el campus entre 2010 y 2013.

Irene Pérez y otros integrantes del Okupache, de acuerdo con las autoridades federales, estuvieron involucrados en actos vandálicos y violentos en las marchas del 2 de octubre de 2013 y 2014.

En el caso de José Luis Ramírez, éste fue investigado por intentar quemar vivos a profesores del CCH Naucalpan en 2010.

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Además, están identificados otros 10 ocupantes del auditorio Justo Sierra (renombrado como Che Guevara) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A este bloque se le identifica por presuntamente incendiar unidades de Metrobús y las puertas de Palacio Nacional en noviembre de 2014, acciones en las que se registraron más de 20 personas heridas.

Los documentos de la Sedena también hacen referencia a la detención de Jorge Emilio Esquivel Muñoz, alias El Yorch, acusado de narcomenudeo y quien era uno de los principales activistas en el auditorio Justo Sierra, en febrero de 2016.

También señalan el activismo en favor de la liberación de Luis Fernando Sotelo, alias El Guillermín, detenido en septiembre de 2016 y sentenciado a una condena de 33 años y cinco meses de prisión por los delitos de ataques a las vías de comunicación y a la paz pública.

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Lo mismo en favor de Luis Fernando Bárcenas, detenido en diciembre de 2014 y sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión por los delitos de asociación delictuosa y ataques a la paz pública. Quedó en libertad en junio de 2019 gracias a la Ley de Amnistía aprobada en la Ciudad de México.

Integrantes cambian, grupos no desaparecen

Arturo Argente, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, puntualizó que estos grupos anarquistas, que en conjunto se presentan en las movilizaciones como bloque negro, son parte de la historia de las manifestaciones sociales en México desde hace décadas y sin ellos no se entiende la misma historia social del país.

“La propia historia de México no se entiende sin la existencia de estos grupos. Pueden cambiar de nombre, de forma, hasta de patrocinadores, pero nunca van a desaparecer, porque son funcionales para desacreditar los movimientos sociales”, apuntó.

Argente destacó la aparición de los “porros” en el movimiento estudiantil de 1968 y la huelga de la UNAM de 1999 para ejemplificar que regularmente son jóvenes ligados a instituciones académicas que cuentan con el ímpetu de cambiar el statu quo del sistema de gobierno.

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“Hacen uso de estos muchachos porque les conviene, les sirven para desacreditar las inconformidades y las demandas justas. Ellos son jóvenes combativos que terminan siendo señalados por el mismo gobierno a quien le conviene su existencia”, comentó. Redacción