Las se han convertido en uno de los principales medios del crimen organizado para el lavado de dinero. La Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos ha alertado del uso de esta tecnología por parte de cárteles mexicanos en diversos informes desde, por lo menos, 2017.

De acuerdo con la empresa Chainalysis, en 2023 México ocupó el lugar 16 a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en posesión y comercialización de criptomonedas. Pese a ello, especialistas consultados por , señalan que el país tiene un atraso significativo en la regulación de este tipo de activos.

Esta situación abre una ventana de oportunidad para grupos criminales. La DEA advierte que los cárteles adoptan cada vez más las criptomonedas debido a su capacidad para transferir fondos internacionalmente de forma rápida, segura y a través de una tecnología cifrada que limita el acceso a la información de transacciones.

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¿Cómo usa el narco las criptomonedas?

Las criptomonedas son activos virtuales sin un equivalente físico que no se encuentran respaldados o controlados por un banco central. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que los grupos criminales utilizan las monedas virtuales principalmente a través de la dark web, una parte de Internet a la que no se puede acceder a través de los navegadores tradicionales y que se caracteriza por su anonimato, ya que permite a los usuarios ocultar su identidad y ubicación.

Según el FMI, las transacciones con bitcoin en la dark web fueron de 250 millones de dólares en 2012 y de aproximadamente 1 billón de dólares en 2019. La DEA ha documentado que el y el Cártel Jalisco Nueva Generación adquieren a través de la dark web los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo por parte de proveedores chinos.

En uno de sus más recientes informes, la agencia antidrogas estadounidense advierte que el lavado de dinero del narcotráfico se ha acelerado debido a la capacidad de los cárteles mexicanos para liberar inmediatamente una cantidad equivalente de criptomonedas tan pronto como reciben el dinero en efectivo.

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Urgen a mejorar la regulación

La regulación de las criptomonedas en México se concentra, sobre todo, en la Ley Fintech, promulgada en 2018, la cual define legalmente a activos digitales como las criptomonedas.

Isaac López, fundador de Layer 2, una consultoría especializada en criptoactivos, explica en entrevista que todo lo que no sea un banco o una empresa tecnológica de servicios financieros (fintech) puede operar libremente sin ninguna limitación en México. No obstante, López señala que “cualquier persona que realice operación con activos virtuales y no lo declare como ingresos puede generar una discrepancia fiscal que es visible para el SAT”.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que las operaciones con activos virtuales mayores a 72 mil 975 pesos deben reportarse a la Secretaría de Hacienda.

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Sin embargo, un informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado en 2021, señala que los cárteles mexicanos burlan fácilmente este umbral definido por ley. Esto lo logran al dividir su dinero ilícito en pequeñas cantidades y depositarlo en varias cuentas bancarias, una técnica conocida como smurfing. Luego usan esas cuentas para comprar pequeñas cantidades de criptomonedas en línea, ocultando el origen del dinero y permitiéndoles pagar a sus socios en otras partes del mundo.

Ante este panorama, Sofía Rojas, especialista en derecho financiero, señala que es necesario que México establezca una regulación más precisa. “Tiene que saber identificar los diferentes tipos de criptos que existen y qué es lo que se tiene que cuidar con cada una de ellas”. Además, puntualiza que lo más importante es avanzar en la identificación de los clientes que usan criptomonedas para evitar el lavado de dinero.

“Hace falta más claridad regulatoria porque hoy la ley está muy desactualizada y existen muchos vacíos legales respecto de qué es un activo virtual y qué no es un activo virtual”, aseveran los especialistas consultados.

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El pasado martes, la DEA informó el decomiso de 10 millones de dólares en criptomonedas al Cártel de Sinaloa. “La operación pone en evidencia una omisión regulatoria en México. Ante ello, es necesario una colaboración internacional”, advierte Rojas.

“El país debería establecer canales formales y permanentes de inteligencia financiera con agencias como la DEA y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Además, se necesita capacitación especializada en autoridades clave como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR)”, agrega la abogada.

Los especialistas entrevistados urgen a mejorar la regulación ante las acciones de la DEA, pues puede verse perjudicada la reputación de instituciones financieras mexicanas ante Estados Unidos.

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