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A 10 años de su creación, el Centro de Estudios Constitucionales (CEC) busca mejorar la impartición de justicia en México a través de capacitaciones, publicaciones y, además, acercar el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a todas las personas.
“Lo que hacemos es traducir a un lenguaje sencillo, ciudadano, claro, los criterios para que las personas los puedan conocer de manera fácil. No necesitas ser abogada o abogado o tener conocimientos jurídicos para saber cuáles son tus derechos o cómo los ha interpretado la Corte”, dice Alejandra Martínez.
La directora del CEC explica que los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos muchas veces son redactados de manera amplia, con conceptos muy ambiguos que no son fáciles de interpretar. Por lo que para entender los derechos humanos, se deben conocer las sentencias en donde han sido interpretados.
“Lo que nosotros hacemos es sistematizar la jurisprudencia de la Corte, sobre todo en materia de derechos humanos, en temas que dan acceso a la justicia o que tienen que ver con grupos vulnerables. A través de cuadernos, traducimos para que las personas puedan empoderarse y saber cuáles son sus derechos, qué derechos tienen y pueden hacerlos valer ante las autoridades”, agrega.
En entrevista con este medio, Martínez Verástegui menciona que los derechos de la diversidad sexual en muchos países han sido conquistas de parlamentos o del Poder Ejecutivo. Pero en México son del Poder Judicial, como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, los derechos de las personas trans a cambiar su nombre o la reasignación sexogenérica.
“El matrimonio igualitario, solamente existía en la Ciudad de México y gracias a la Corte se comenzó a litigar en todo el país. A pesar de que la Corte ya había establecido ese criterio que es obligatorio para todas las autoridades judiciales del país, los casos seguían llegando”, afirma.
Así, se percataron que había muchos factores de por qué los casos continuaban. Por ejemplo, en la judicatura local se queda entre 75 y 80% de los asuntos, mientras que los jueces y las juezas están colapsados en todos los niveles, pues tienen una carga de trabajo que es inmensa, lamenta la investigadora.
“Por eso hay tantos retrasos y también por nuestro sistema de tesis, donde hemos estado acostumbrados a conocer los criterios, la gente no se acerca tanto a las sentencias y también por nuestro sistema tan formalista de precedentes que tenemos”, apunta.
Ante la falta de herramientas que permitieran tener un acceso más fácil a las sentencias, y que muchas veces oscilan en cientos de páginas, el CEC ideó cuadernillos para que los jueces y las juezas conozcan los criterios que les obligan, lo que es posible gracias al extenso equipo de investigadoras del Centro.
“Nosotros trabajamos con la judicatura nacional, tenemos relaciones con jueces de otros países, trabajamos con sociedad civil y sobre todo, con las personas que acuden a los tribunales de la Suprema Corte. Y en estos 10 años lo que hemos hecho es desarrollar líneas de investigación para mejorar la impartición de justicia”, dice.
Además, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son obligatorias para todos los jueces y juezas del país, de todos los niveles: locales y federales. Así, el CEC sistematiza los criterios de la Corte Interamericana para traducirlos de tal manera que puedan ser aplicados por las personas juzgadoras.
