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Padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de de 2014 en Iguala, Guerrero, levantaron este jueves el plantón que instalaron en el Campo Militar 1-A, puerta 1 en Naucalpan de Juárez desde hace ocho días, a la espera de que el Ejército entregue información del caso Ayotzinapa contenida en archivos militares.
Enfatizaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador giró una nueva instrucción para que el Ejército muestre la información.
En una conferencia de prensa improvisada a las afueras del Campo Militar y a pleno rayo del sol, los papás de los normalistas rechazaron la narrativa de hechos realizada por el gabinete de seguridad que hizo pública el gobierno federal.
Consideraron que criminaliza a los estudiantes; diluye la extensión del espectro criminal en Iguala, subrayando el ámbito municipal; también expresaron que minimiza el papel del Ejército al omitir que fue el encargado de dar seguimiento a los jóvenes.
En su intervención, Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel, quien portó una playera roja con la leyenda: “¡Hijo donde quiera que estés voy a ir por ti, te quiero mucho!”, expresó que la carta del secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval, no es ni será la última palabra.
Esto luego de que se difundió un oficio del titular de la Sedena al jefe del Ejecutivo federal, en el que manifestó que se ha colaborado con transparencia en la investigación de los hechos de 2014 y que la documentación que ahora solicitan los padres, no obra en sus archivos.
Navarrete, en representación de los padres de familia, destacó que el informe presentado el miércoles 27 de septiembre por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se separa de la narrativa de los hechos. Recalcó que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto, así como de otras autoridades federales del más alto nivel, como artífices de la verdad histórica.
Además, hace una descripción de los chats de Chicago que la DEA proporcionó al gobierno federal, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Navarrete resaltó que se establece que el Ejército tiene información en sus archivos que debe entregar a las autoridades que investigan el caso.
Sostuvo que se debe precisar que fueron funcionarios de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa los que encontraron en archivos militares secretos un documento incompleto.
Esto relativo a una intervención telefónica que informa del paradero de 17 estudiantes, mostrando que los militares se han abstenido de cooperar proactivamente.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, manifestó que todas las autoridades que aparecen en el informe del subsecretario de Gobernación como artífices de la verdad histórica se tienen que investigar penalmente.
A pregunta expresa de qué impresión les deja la defensa que hace el Presidente de Omar García Harfuch, precandidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que se requiere una investigación.
“Tiene que abrirse una investigación y profundizar, porque entonces sería una contradicción que hoy mantengamos en la cárcel a Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría General de la República.
“Y que haya orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, cuando ellos materializaron la verdad histórica, pero hubo otras autoridades alrededor que participaron en su construcción”, precisó el abogado.
