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Ante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el que se ordena al Ejército, Fuerza Aérea y Marina-Armada participar de manera extraordinaria en tareas de seguridad pública, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó que el apoyo de las Fuerzas Armadas en los próximos cinco años “estará siempre subordinado a la Guardia Nacional”.
En tanto, la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad confrontó a legisladores de Morena con los de la oposición, pues mientras la mayoría legislativa consideró un avance tener marzo de 2024 como fecha de desmilitarización, para los segundos hay un grave riesgo de aumentar la dependencia de la autoridad civil a la militar.
En este contexto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió confiar en las Fuerzas Armadas ahora que prestarán servicios de seguridad pública por un periodo de cinco años, según el decreto emitido ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ayer, Durazo Montaño aclaró que el objetivo del acuerdo publicado por López Obrador es “darle operatividad al mandato legislativo, al facultar a las Fuerzas Armadas como primer respondiente, así de importante, pero también así de simple. Tal apoyo estará siempre subordinado a la Guardia Nacional”.
Argumentó: “El acuerdo publicado ayer en el DOF concreta las facultades que da a las Fuerzas Armadas el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional que creó a la Guardia. Se trata de una consecuencia natural de dicha modificación”.
La SSCP refirió que el Ejército operaba sin un marco jurídico que le diera certeza a sus acciones, el cual no implica más atribuciones en materia de seguridad pública.
“Limita las facultades exactamente a lo establecido en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional, que autoriza su participación en materia de seguridad pública en términos generales”, informó.
“Este nuevo rol de las Fuerzas Armadas incluye que trabajen de manera coordinada en las mesas estatales y regionales de construcción de paz, con el objeto de atender en cada una de las entidades federativas los diversos problemas de seguridad pública que se presentan y que son de diferente naturaleza en las regiones del país”, agregó.
Cuestiona críticas
Sobre la presencia del Ejército en las calles, Mon- real cuestionó que ahora “el sector político, que debería estar enterado de las acciones legislativas o incluso legisladores, critiquen”, cuando en el Congreso la reforma a la Constitución para crear la Guardia Nacional se aprobó por unanimidad.
“Los ataques, las descalificaciones y los insultos son injustificados, y lamentablemente provienen del sector político que se supone debería estar enterado de las acciones legislativas, incluso lo más extraño y grave es que algunas críticas vienen de los legisladores”, aseveró.
El líder de Morena en el Senado defendió que el decreto del Presidente pretende dar ejecución y transparencia a la facultad que le confirió la reforma a la Constitución (avalada en 2019) y dijo que éste tendrá vigencia hasta marzo de 2024.
En contraste, los senadores del PAN consideraron que el decreto del Ejecutivo federal no cumple con lo que especifica el artículo 5 transitorio, pues no plantea los elementos de excepcionalidad.
“No se trata de una regulación a nivel de ley, es decir, emitida por el Legislativo, sino de una norma reglamentaria; por lo tanto, el decreto es inconstitucional, ya que se arroga una atribución que corresponde a otro Poder, y no garantiza que las tareas que en materia de seguridad pública realice la Fuerza Armada estén bajo un mando civil”, dijeron.
Por separado, la diputada morenista Dolores Padierna aseguró que con el decreto presidencial, que permite a las Fuerzas Armadas actuar en tareas de seguridad en coordinación con la Guardia Nacional, es una garantía de que a finales de marzo de 2024 sí habrá desmilitarización.
A la par, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, precisó que se solicitará la comparecencia de los titulares de las dependencias involucradas para que rindan cuentas en materia de seguridad y justicia, porque es evidente el fracaso de la estrategia del gobierno federal y de la Guardia Nacional.
“La postura del PAN y sus legis- ladores fue de aprobar reformas para la Guardia Nacional, bajo la premisa de que la seguridad pública quedaría al mando de autoridades civiles, sin dejar de hacer un reconocimiento al enorme esfuerzo, tarea, sacrificio y dedicación de nuestras Fuerzas Armadas, que trabajan en apoyo del pueblo de México pero que sin duda tienen otras tareas”, expresó el líder nacional panista.
Rechaza CNDH retorno
A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó el acuerdo firmado por el presidente López Obrador.
El organismo nacional explicó que el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación no tiene certeza jurídica sobre los supuestos en los que cabría la actuación de la Fuerza Armadas en tareas de seguridad y eso conlleva “graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos.
“Lo anterior resulta preocupante, pues ante la indefinición podría establecerse un esquema permanente de participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, hecho que es contrario a la Constitución y dentro de ella, a las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en la materia”, expresó la CNDH en un posicionamiento público.
