Aunque reconocen que la educación pública en el sexenio pasado no gozaba de buena salud, organismos civiles y especialistas educativos aseguran que la herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia serán la carencia de evaluaciones diagnósticas para conocer la realidad educativa del país, una profunda pérdida de aprendizajes, que se acentuó con la pandemia de Covid-19, y la falta de cobertura en bachillerato y en educación media superior.
Durante esta administración han pasado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) tres titulares: Esteban Moctezuma Barragán, actual embajador de México en Estados Unidos; Delfina Gómez Álvarez, hoy gobernadora del Estado de México, y Leticia Ramírez Amaya, quienes a decir de los especialistas, al menos dos funcionarios ocuparon la dependencia como trampolín para ascender a otros cargos.
“El actual gobierno federal trató de hacer cambios sin tener muy claro el problema público que quería resolver y no enfrentó los aspectos de oportunidad, de equidad, de cobertura y de calidad en la educación”, dice a EL UNIVERSAL Daniel Hernández, profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
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Asegura que López Obrador recibió la educación con tres elementos importantes: una reforma educativa que inició en 2013 y que apenas estaba consolidando un nuevo modelo educativo; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, dedicado a realizar evaluaciones diagnósticas e informes para mejorar la política pública de la educación y un sistema de ingreso para el servicio magisterial que, a decir de Hernández, contaba con un mecanismo más o menos confiable.
Expone que el acceso a la educación media superior estaba en ascenso con 1.5 puntos porcentuales cada año, mientras que en educación superior también se registraba un crecimiento importante para alcanzar una meta de cobertura de 50% en 2024.
“Hay que reconocer que a esta administración le tocó enfrentar la pandemia de Covid-19, pero también es importante decir que desde antes de que iniciara la emergencia sanitaria se empezaron a ver fenómenos desfavorables. La educación media superior ciertamente se cayó con el Covid, pero también antes de que entrara este virus al país. Es decir, esta administración no logró mantener el impulso que había tenido la educación media superior en el sexenio pasado”, comenta.
Explica que al iniciar el ciclo lectivo 2013-2014 existían para educación media superior 9 mil 628 escuelas públicas, cifra que creció a 14 mil 122 en el ciclo 2018-2019, mientras que de acuerdo con datos de la SEP, el número de bachilleratos públicos para el periodo lectivo 2022-2023 es de 14 mil 696, es decir, sólo se registró un aumento de 4%.
“Entonces, ¿qué está pasando? Que la cobertura para educación media superior está estancada. En educación superior se había previsto que íbamos a llegar a 50% de cobertura, pero esta cifra se va a quedar en el mejor de los casos en 44%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos quedamos con 700 mil estudiantes menos de los que estábamos esperando”, advierte el experto.
Daniel Hernández califica como una tragedia el que no se cuente con un sistema de evaluación para conocer la realidad de los aprendizajes de los estudiantes.
“Hay que regresar el modelo de evaluación que nos permita saber dónde estamos. No tener un modelo de evaluación, es una verdadera tragedia. Haber eliminado el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y haber creado una cosa que se llama Mejoredu, es muy triste. Perdimos la evaluación de los aprendizajes y vamos a la deriva como país en esta materia, a pesar de que México enfrenta una crisis educativa, en parte por la pérdida de aprendizajes causada por la pandemia y no ha existido el interés para recuperarlos”, señala.
Para el investigador de la organización civil Mexicanos Primero, Fernando Ruiz, en materia educativa la gestión López Obrador se caracterizó “por mucho ruido y pocas nueces, porque en el discurso oficialista existe una especie de triunfalismo, pero es más ruido que resultados, sobre todo en su reforma educativa.
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“Los resultados que arrojó la prueba PISA, en diciembre pasado, no sólo hablan de un estancamiento en la mejora de los aprendizajes de los alumnos, sino que regresamos al nivel que tenía el país hace 20 años”, menciona.
Asegura que en los primeros cuatro años de esta administración se le quitaron 103 mil 777 millones de pesos a los programas que tenían que ver con el aprendizaje en educación básica para destinarlos a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, afectando con ello a 12.9 millones de alumnos de preescolar, de primaria y de secundaria.
Explica que al menos 19 programas importantes para educación básica fueron objeto de recortes presupuestales, logrando tener con ello 103 mil 777 millones de pesos, que fueron canalizados a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, que en los últimos cuatro años ha recibido 143 mil 40 millones de pesos.
Fundadora y coordinadora nacional del organismo civil Educación con Rumbo (ECR), Paulina Amozurrutia Navarro, asegura que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador será recordado también por los perfiles que eligió para liderar la SEP, por la nula capacitación y asesoría al magisterio durante la pandemia, así como por el decrecimiento de los aprendizajes.
“En sus promesas de campaña, López Obrador dijo que todas las escuelas públicas contarían con internet, pero a estas alturas sólo tiene ese servicio si acaso 50% de las escuelas”, subraya.
Agrega que el actual gobierno tomó la educación como botín político “y utilizaron a la SEP como un trampolín para ejercer algún otro cargo de poder. Ahí están los casos de Esteban Moctezuma Barragán y Delfina Gómez Álvarez. Lo preocupante es que no atendieron la emergencia educativa por la pérdida de aprendizajes, por lo que miles de niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas no podrán tener en un futuro un empleo de calidad y estarán condenados a vivir del subsidio gubernamental”, expone.
Para Amozurrutia Navarro, el sexenio de López Obrador en educativa se caracterizó por haber utilizado a niños y adolescentes como “carne de cañón política, en vez de generarles conocimiento”.
Académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, Erik Avilés señala que en este sexenio que concluye el próximo 1 de octubre, prevalece una opacidad sin precedentes en este siglo en las medidas de política pública en el sector educativo. A manera de ejemplo, menciona la reserva de información en el proceso de construcción de la Nueva Escuela Mexicana, así como de los libros de texto gratuitos.
Desde su óptica, esta gestión concluirá con “corrupción, precariedad en infraestructura educativa, falta de dotación de consumibles y de equipamiento y un nulo avance en la implementación de conectividad a internet. Todo esto, violenta los derechos educativos de los niños y jóvenes de la gran mayoría de las escuelas, particularmente las más marginadas y olvidadas”.
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SEP entierra 3 pruebas a estudiantes
Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se dejaron de aplicar tres evaluaciones para estudiantes de educación básica: Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes), Estudio Regional Comparativo y Explicativo, desde 2019, y Talis (Teaching and Learning International Survey), promovido por la OCDE y que estaba dirigido a directores y a maestros, cuya última aplicación se realizó en 2018.
Planea comenzó a aplicarse en 2015 y fue realizada por última vez en 2019. La evaluación la ejecutaba el extinto INEE, sustituido por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), a alumnos de sexto grado de primaria, tercero de secundaria y del último grado de educación media superior.
Esa evaluación, que se venía realizando cada tres años, tenía como propósito evaluar los aprendizajes clave de los campos de formación relacionados con Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas, consideradas herramientas esenciales para el desarrollo del aprendizaje de otras áreas del conocimiento.