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Alcaldes de todo el país y de todos los partidos políticos demandaron a la Cámara de Diputados que no se les castigue por los moches que en el pasado recibieron exlegisladores, y que se restituyan a los ayuntamientos recursos para infraestructura municipal que este año se recortaron con el pretexto del combate a la corrupción.
Los recursos que se requieren ascienden a 200 mil millones de pesos y para garantizar que sean bien utilizados propusieron que la Federación emita reglas de operación claras.
“El fondo debe ser bien administrado y fiscalizado para que se vea que no hay desvíos de recursos. Pareciera que en esta nueva etapa a los presidentes municipales nos quieren comparar con los diputados federales que incurrieron en este tipo de prácticas”, y eso no debe ser así, advirtió Juanita Arcelia Cruz, alcaldesa de Huajuapan de León, Oaxaca.
El edil de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, advirtió que si el ejercicio discrecional que privó durante años en el gasto de ese ramo fue el pretexto para su eliminación, esto debe modificarse: “Esta medida se llevó a cabo cubriéndola con la bandera de la lucha contra la corrupción, pero privando sobre todo a los gobiernos municipales de recursos esenciales para obra pública y la operación de servicios de gran importancia para la población”, dijo.
La consecuencia de esa medida es que hoy la obra pública, indispensable para mantener la infraestructura municipal, “se encuentra prácticamente detenida, y se estancaron o redujeron programas sensibles como es la seguridad pública”, acusó.
Al participar en el parlamento abierto convocado para analizar sobre el Paquete Económico 2020, De la Rosa dijo que el escenario es preocupante en la mayor parte de los 2 mil 440 municipios del país, pues ante la insuficiencia de recursos es posible una parálisis, pues los ayuntamientos tienen capacidad y autonomía muy reducida para cubrir las necesidades.
En el encuentro, al que acudieron sólo tres diputados, se recordó que el Ramo 33 de Aportaciones Federales lo componen ocho fondos, entre ellos el Fondo 23, conocido como de los moches, mismo que fue eliminado para evitar, según Morena, la corrupción.
Los alcaldes demandaron que se restituyan estos recursos para atender servicios públicos y plantearon que el dinero de recaudación federal participable aumente al menos 1%.