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Asociaciones distribuidoras de gas LP reiteraron: “Ya no nos queda mucho tiempo” para resistir a los siete meses de pérdidas consecutivas que registran derivadas del tope al precio del gas LP impuesto por el gobierno federal.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Rocío Robles Serrano, presidenta ejecutiva de Amexgas, solicitó a la Federación ser receptivos y concretar acuerdos antes del 15 de junio, pues sus agremiados “ya no resisten” y podrían cumplir sus amagos de un paro nacional.
Explicó que los gaseros han entregado al gobierno información de costos y gastos, así como de las inversiones necesarias en materia de seguridad energética, a fin de llegar a un acuerdo que garantice una tarifa de distribución que satisfaga al gobierno y la industria, además de beneficiar a la ciudadanía.
“Esto daría un buen mensaje al mercado, porque estaríamos garantizando que el precio de gas LP no se dispare, y por el contrario se mantenga controlado por el gobierno, al tiempo que todos vamos a tener la seguridad de un ingreso justo”, detalló.
Robles Serrano puntualizó que lo que se ha pedido al gobierno es revisar la tarifa de distribución fijada en 4.25 pesos, y el planteamiento es que a esa tarifa se integren costos, gastos e inversiones, entre otras cosas, lo que permitiría evitar un incremento extraordinario del costo final del Gas LP al consumidor.
“Se ha creído que el incremento en el precio es la única manera para obtener una mejora en la distribución, y eso no es así en estos momentos, porque el precio internacional, que es realmente el que dicta los precios finales, ha bajado las últimas semanas. Entonces, esto nos favorece para que si revisamos el modelo de cómo se construye el precio de venta, es decir, el precio final al público, e integramos a los 4.25 lo que nosotros necesitamos para la tarifa de distribución: costos, gastos, inversiones y apoyos sociales, y podemos salir con un precio muy similar al que estamos ahorita”, indicó.
La presidenta de Amexgas, que integra a 80% de las mil 116 plantas de distribución de gas L.P que existen a nivel nacional, reconoció el tope al costo de gas LP en el país ya generó despidos masivos y pérdidas que están llevando a la quiebra a sus agremiados: “Los despidos masivos ya están sucediendo desde al menos tres meses, las empresas están tratando de ser lo más eficientes, pero algunas ya han tenido que cerrar plantas, y lo más grave es dejar de salir a distribuir a las zonas más alejadas de donde están las plantas, porque eso pone en una situación más vulnerable a quien más lo necesita. Los agremiados están desesperados, son más de siete meses en pérdidas y el propósito de una empresa es garantizar la operación de todos sus empleados, entonces sí es crítica la situación”, aseveró.
Sobre la operación de Gas Bienestar, cuyas tarifas han coadyuvado a reducir las ventas del sector, Robles recordó que dicha empresa del Estado se creó como una estrategia social que para apoyar a personas que no tenían acceso a la distribución, la cual derivó de un momento en el que el precio del gas se disparó a nivel internacional.
“Lo que hizo el gobierno federal fue tratar de minimizar este impacto, pero el mercado ya se estabilizó, ya hay más control sobre los precios, creo que como estrategia cumplió su objetivo, pero cabría analizar continuar o no con esta política pública”, indicó.
La última reunión para buscar un acuerdo con el gobierno federal fue el pasado 24 de mayo, cuando autoridades de la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener) dialogaron con representantes de Amexgas, de la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior A.C., (ADIGAS), de la Asociación de Distribuidores de Gas LP (ADG), de la Asociación de Distribuidores de Gas LP Nordeste (Asocinor), y de la Cámara Regional del Gas. Robles Serrano reconoció que existe diálogo en la materia, pero advirtió la importancia de que un acuerdo se cierre antes del 15 de junio, ya que los agremiados no han abandonado su idea de hacer un paro nacional.
“Nosotros creemos que la vía para llegar a un acuerdo es el diálogo, pero reconocemos que hay empresas que están en una situación muy crítica y que quizás no estén con el tiempo para poder esperar a que estas negociaciones concluyan exitosamente, y en su desesperación, pues es comprensible que estén promoviendo un paro nacional. Es su libre derecho y entendemos su frustración porque ya son más de siete meses en pérdidas.
“Entonces, esa es nuestra petición, nuestra amable petición, que dado los tiempos y que todavía no llegamos a un a un punto de coincidencia, podamos concretar acuerdos hasta mediados del mes siguiente, de lo contrario no podemos obligar a los agremiados a que se mantengan distribuyendo y sigan subsidiando la distribución”, concluyó.
